Es posible castigar al gobernador

En Chiapas se ha reiterado en infinidad de ocasiones que no hay gobierno. Hay un gobernador alejado de los problemas sociales de la población, que ignora las condiciones que tiene Chiapas, que está rodeado de una pléyade de funcionarios que ya demostraron su nivel de incompetencia y que como los gobernadores que lo precedieron se embriaga con solo los aplausos. En los 21 meses que lleva la administración el gobernador Rutilio Escandón ya tiró a la borda la poca legitimidad que le quedaba y al concluir la crisis de salud se le van a desbordar los problemas económicos y sociales y ya demostró que no tiene las habilidades para tomar decisiones y menos en tiempos de crisis.

Chiapas vive una terrible ruina; con graves problemas de gobernabilidad, con síntomas peligrosos de violencia y una población polarizada por los conflictos. La crisis que se está viviendo debiera de unir a la población chiapaneca para superar los problemas presentes y los que se avecinan, pero eso no lo percibe el gobernador, que vive en un mundo irreal y ausente, dominado por sus rencores y alejado de las grandes necesidades de Chiapas.

Las mentiras que difunde esta administración sobre los contagios y fallecimientos que sitúa a la entidad en semáforo amarillo es una conducta criminal, que puede ser castigada en los tribunales, sobre todo porque existen antecedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de sentencias en materia de salud que son aplicables a las condiciones actuales, la más importante de ellas es la del Caso Poblete Vilches y otros VS Chile.

En el citado caso, la Corte conoció de los hechos acontecidos en relación al señor Poblete Vilches, quien ingresó al Hospital público Sótero del Río (Chile) el 17 de enero de 2001 a causa de una insuficiencia respiratoria grave. El 5 de febrero de 2001, y tras haber sido dado de alta, el señor Poblete Vilches ingresó por segunda ocasión al mismo hospital, donde permaneció en la unidad de cuidados intermedia, a pesar de que su ficha médica disponía la necesidad de su internación en sala de cuidados intensivos. El señor Poblete Vilches requería de distintas asistencias médicas, entre ellas un respirador mecánico, el cual no le fue proporcionado, provocando su fallecimiento el día 7 de febrero de 2001.

El 8 de marzo del 2018, 17 años después de ese suceso, la Corte concluyó en su sentencia “(i) que los servicios de salud brindados al señor Poblete Vilches no cumplieron con los estándares de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, lo que constituyó una violación a su derecho a la salud; […] y (iii) que el Estado violó su derecho a la vida y a la integridad personal, pues la falta de una adecuada atención médica derivó en un resulta-do dañoso y, en última instancia, en su muerte (párrs. 174-175).” Por ello, el Tribunal concluyó que el Estado chileno era responsable por la violación al derecho a la salud, a la vida y a la integridad física.

Esta jurisprudencia de la Corte aplica perfectamente en todos los fallecimientos, especialmente en el ISSTECH, en donde se instaló una sala VIP para atender a políticos y re-comendados del gobierno, que representa en sí un acto discriminatorio, en el que no se brindó disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, que constituye una violación al derecho a la salud y ocasiona incumplimientos a la responsabilidad internacional del Estado.

Sobre estos fallecimientos el Estado tiene la obligación de la reparación integral del daño a la vez que está obligado a proporcionar servicios de salud con calidad y a disponer de todos los recursos a su alcance para garantizar estos servicios a la población.

Ahora que está de moda el discurso de sancionar a los expresidentes, queda claro que la irresponsabilidad con que se ha manejado la pandemia en Chiapas, abre la puerta para castigar a un gobernante, que con base a mentiras e informes falsos disminuyó por decreto el número de contagios y de fallecimientos y pone en grave riesgo las condiciones de salud de la población. Basta que el proceso de demanda lo inicie un familiar de uno de los fallecidos, para sentar el pre-cedente de castigar a un gobernador de Chiapas.