El discurso de la conspiración

Rutilio Escandón suele filtrar frecuentemente en la redes y con periodistas afines el discurso de la conspiración en contra de su gobierno. Y en el ambiente político no hay nada más falso que este discurso que victimiza al gobernador y evidencia su incapacidad como gobernante. En realidad no existe la mano negra que quiere desestabilizar la administración de Rutilio Escandón con la intención de derrocarlo. Lo que sí hay, pero el gobernante no lo quiere ver, es una inacción del gobierno, una ineficaz inversión pública y un adelanto de los tiempos políticos del secretario de gobierno y del fiscal general, que realizan por doquier actos anticipados de campaña, pues se imaginan como legítimos sucesores del gobernador.

Es obvio que el deseo generalizado es que los conflictos que se viven en Chiapas se resolvieran en lugar de agudizarse.  Pero para ello se requiere fundamentalmente de oficio político, de conocimiento de las situaciones y de un trabajo diario de 24 horas de atención real de los problemas y no de simulaciones por parte de los funcionarios, que desafortunadamente es lo que vienen haciendo todos los días.

Es cierto de que hay demandas de los grupos que no fueron atendidas por los anteriores gobiernos y resulta  inconcebible que no se atiendan y menos se resuelvan con el actual; como es el caso de la falta soluciones a la población de desplazados o el de la presencia de grupos paramilitares, donde el Estado ha sido permisible en grado extremo, y estos grupos paramilitares actúan con la total aquiescencia del gobierno.

Fue el Estado quien conformó los grupos paramilitares, como parte de una estrategia política de ocultar las maniobras militares y presentar los conflictos en las comunidades indígenas como enfrentamientos intercomunitarios y ahora la administración de Rutilio Escandón carga con la presión y la responsabilidad de resolver estos problemas, pero no lo viene realizando adecuadamente, debido a que los actos de los funcionarios no se ajustan al imperio de la ley.

Este gobierno tiene dos recomendaciones de la CNDH, en donde le concedieron seis meses para que se desarmen los grupos paramilitares y elabore un programa de pacificación en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán. Tiempo que concluyó, sin que haya realizado esfuerzo alguno para darle cumplimiento. Lo grave es que el gobernador no percibe que la CNDH le dio la pauta para resolver este problema, en el que debe solicitar que la fiscalía realice las investigaciones de los desplazamientos, desapariciones, asesinatos, persecuciones y encarcelamientos que por décadas se han presentado en estas comunidades y que se sancione a los responsables de estas violaciones graves, lo que permitiría el desarme y la implementación de políticas de construcción de paz.

Sin embargo esta administración continúa con el relajamiento de la autoridad que se institucionalizó en los anteriores gobiernos, en el que se creó en el imaginario de la población una cultura de la impunidad en el que todo es permisible.

Por ello resulta falso discurso de la confabulación, que más bien significa una distracción creada desde el palacio de gobierno, con el fin de ocultar su propia ineficacia e inventar enemigos para así justificar los ataques mediáticos hacia otros actores de la entidad con la colaboración de una prensa que desde siempre actúa como mercenario.