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No hay austeridad para las fuerzas armadas

Editorial
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En diciembre del 2006, el que era el presidente de México, Felipe Calderón, le declaró la guerra al narcotráfico y sacó a los militares de los cuarteles para que realizaran funciones de seguridad pública. En esa lógica, el 25% de miembros del Ejército pasó a realizar fun-ciones de vigilancia policíaca, lo que vino a representar que casi 50 mil militares participa-ran en esos operativos y que se empezara a hablar de la militarización en el país.

La decisión presidencial de utilizar al ejército en funciones policíacas también fue acompañada por una redistribución presupuestal, en donde a las fuerzas armadas en el sexenio de Felipe Calderón se le duplicó el presupuesto. Para ser precisos, en el año 2006, último año de Vicente Fox, el presupuesto de las fuerzas armadas fue 37 mil 740 millones de pesos, para el año 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, las fuerzas armadas ejercie-ron un presupuesto de 74 mil 161 millones de pesos. Esta tendencia alzista del presupues-to a las fuerzas armadas continuó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues se mantuvo la política de la guerra contra la delincuencia organizada y en el año del 2018, el presu-puesto asignado a las fuerzas armadas fue de 112 mil 327 millones de pesos. Con ese pre-supuesto era inevitable la militarización del país y prácticamente imposible retirar al ejér-cito de las calles, pues sobre la base de los hechos se creó un poder presupuestal en ma-nos de las fuerzas armadas, recursos que no son auditados.

Aún y cuando en campaña el presidente Andrés Manuel López Obrador manejó un discurso de que regresaría al Ejército a los cuarteles, esa promesa de campaña se incum-plió y peor aún, se creó la Guardia Civil, misma que está compuesta por miembros de las fuerzas armadas y el presupuesto del 2019 para este sector, en el primer año de gobierno de AMLO, ascendió a 123 mil 253 millones de pesos.

En todos estos años el presupuesto ha sido creciente para las fuerzas armadas, en el que también existe el negocio en la compra de armas, municiones, equipamiento, vehícu-los y alimentación. Las fuerzas armadas llevan más de doce años de empoderamiento pre-supuestal y militar, pero los resultados en el combate a la delincuencia organizada no han sido ni siquiera medianamente satisfactorios y hay antecedentes claros e irrefutables de que esta política de combate a la delincuencia ha resultado un fracaso.

Pese a ello, el gobierno de López Obrado continúa con la misma tendencia, pero se le aderezó la mofa del discurso de abrazos no balazos y pretende dar un toque humanista al combate a la delincuencia organizada y de manera inexplicable se le asignó a las fuerzas armadas un presupuesto en el año 2020 de 187 mil 737 millones de pesos, en el que está incluido el presupuesto asignado para la Guardia Civil, en la Secretaría de Seguridad, pe-ro que sobre la base de los hechos lo ejercerán las fuerzas armadas.

La austeridad presupuestal del gobierno de López Obrador no aplica para las fuerzas armadas, lo que implica que hay una prioridad nacional hacia este sector, en el que obviamente se prioriza la militarización del país, para el combate de la delincuencia, bajo una estrategia que no ha tenido éxito y en donde se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos en el país.