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Wed, Sep
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¿Por qué criminalizar a los jóvenes que protestan?

Editorial
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La manifestación con violencia de los jóvenes del día de ayer en el palacio de gobierno, que demandan la ampliación de la matrícula en la escuelas normales despertó el rechazo de ciertos sectores de la sociedad, que no están de acuerdo con el cierre de las vialidades ni con los actos que son considerados vandálicos.

El uso de la violencia no es quizá la mejor estrategia para sumar simpatías y respaldo social, pero también, hay que reconocer, es el camino que dejan a estos jóvenes las autori-dades que se mantienen indiferentes a cualquier reclamo y no resuelven las demandas de los grupos, ni aún con manifestaciones violentas como las que suceden con recurrencia en las calles de Tuxtla.

En Chiapas las autoridades no se dan por enteradas que cientos de miles de jóvenes se quedaron sin futuro. Que la actual administración no tiene ningún proyecto para los jó-venes que entre los 18 y los 25 años se quedaron sin educación superior, sin empleo, sin seguridad social, sin tierras para trabajar y sin ninguna estrategia gubernamental para ca-pacitarlos hacia el autoempleo. La ausencia de una política pública hacia los jóvenes está generando resentimiento social y prácticas de violencia en estos jóvenes, que no son escu-chados ni atendidos y a quienes se les están cancelando sus derechos económicos, sociales y culturales.

Esta falta de opciones para enfrentar el futuro la están sufriendo tanto los jóvenes de las ciudades como los jóvenes de las comunidades rurales e indígenas. El problema de una ausencia de proyecto de vida no es un asunto menor, y más si se analizan las condi-ciones de miseria en la que viven una inmensa de mayoría de estos jóvenes a las que el Es-tado no asume su papel de garante para “generar las condiciones de vida mínimas compa-tibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan”.

En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria, como es la condición de los jóvenes, especialmente a los pertenecientes a las comunidades indí-genas, a quienes el Estado les ha proporcionado una educación escolarizada pero no así una educación con calidad, lo que termina produciendo en ellos condiciones estructura-les de exclusión, en el que pueden ostentar un diploma de bachillerato o incluso de ingre-so a la universidad pero que carecen de competencias formativas que  los sitúa en condi-ción de desventaja frente a otros estudiantes con mejores condiciones para estudiar.

Estas carencias de formación es lo que pone a miles de jóvenes en desventaja frente a los exámenes de ingreso en cada ciclo escolar, y ese es el problema que no se ha querido atender o peor aún, que ignoran las autoridades en Chiapas, quienes ante un problema como el sucedido el día de ayer, recurren a la criminalización de los jóvenes y promueven el linchamiento en las redes sociales.

Sin duda, todo acto de violencia debe ser cuestionado venga de donde provenga, pero estos mi-les de jóvenes en la entidad, que se encuentran sin proyectos de vida tienen derechos y el Esta-do tiene la obligación de darles respuesta.