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El caso Tila puede llevar a la separación del cargo al gobernador y al Congreso local.

Editorial
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La violencia que existe en estos momentos en Tila no ha sido cabalmente entendida por el gobernador, Rutilio Escandón, ni por sus colaboradores, que vienen dando golpes de ciego, lo que no les permite identificar la gravedad de los acontecimientos.

En Chiapas la legalidad ha estado subordinada a las condiciones políticas. Por eso la impartición de justicia representa el mayor de los problemas en la entidad, sin que ello signifique que se desestimen las condiciones de pobreza ni la desigualdad social. Por esta ausencia de legalidad, en el gobierno no acaban de entender lo que pasa en Tila, y este asunto se agravó, en virtud de que el 12 de septiembre de 2012, la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió un incidente de no inejecución de sentencia, del año 2008, que resolvió la inconstitucionalidad de un decreto de expropiación de tierras perteneciente al Ejido de Tila, realizado durante el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez.

En este sentido, el único camino posible en el marco de la ley es el cumplimiento de la sentencia y la devolución de las tierras al auténtico dueño que es el Ejido de Tila, el in-cumplimiento de esta sentencia implica que el gobernador del Estado, el Congreso Local y el Ayuntamiento de Tila puede llegar a ser destituido.

El cumplimiento de la sentencia representa un problema político, debido a que más de la mitad del poblado de Tila está construido en las tierras que se tienen que devolver al Ejido. De allí que el cumplimiento de la ejecutoria represente indemnizar a todos los afectados a quienes se les vendieron lotes como terrenos urbanos de manera ilegal. Dicho en otros términos, gran parte de la construcción del poblado de Tila pertenece al Ejido y si el Ejido no quiere vender esas tierras, como en efecto no quiere, el Estado tendrá que hacer todo a su alcance para que los habitantes del poblado que construyeron dentro del terreno perteneciente al Ejido lo abandonen.

Por eso resulta irracional los comentarios del fiscal general del estado, publicados en un boletín del gobierno, cuando afirma: “Los Hechos violentos en Tila se investigan con transparencia, objetividad y imparcialidad”, sobre todo, porque lo único que se tiene que aclarar es por qué no se le ha dado cabal cumplimiento a la ejecución de la sentencia, lo que implica que el gobernador del Estado y todos los diputados locales se encuentran en la situación de ser sancionados y destituidos de sus cargos.

El Congreso Local, asesorados por alguien, en enero del 2019, emitió el Decreto 132, en el que deja insubsistente el Decreto número 72, de fecha 29 de Julio de 1980, mediante el cual dio origen a la expropiación de las tierras del Ejido de Tila, declarado inconstitucional en la sentencia del juzgado de Distrito del año 2008. Al quedar insubsistente el Decreto 72, automáticamente se anulan los derechos de quienes, de manera fraudulenta, les fueron vendidos los predios urbanos en la cabecera de Tila.

La orden de enviar a la Guardia nacional al municipio de Tila representa un peligro para la seguridad nacional, pues de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia los propietarios del casco urbano son los ejidatarios, que ante la inacción del gobierno de Chiapas, sobre la base de los hechos, han buscado recuperar lo que legalmente les corresponde.

Al imponer el carácter político sobre la legalidad amplía los márgenes del conflicto y pone en riesgo la permanencia del gobernador y de los diputados locales que pueden ser separados de su cargo por el incumplimiento de la sentencia.