Tila es noticia nacional

Los desatinos de una administración estatal, que aún no aprende cómo se debe de gobernar, convirtió nuevamente a Chiapas en noticia nacional, debido a los graves sucesos en la cabecera del municipio de Tila, en el que las autoridades municipales, estatales y el Congreso Local son los verdaderos responsables de los lamentables incidentes que ocasionó muertos y heridos.

La imagen que circula en las redes sociales del secretario de gobierno comiendo en un restaurant en San Cristóbal de Las Casas con el fiscal del Estado, muestran el nivel de in-diferencia que prevalece en los funcionarios, en donde pareciera que no hay nada de que preocuparse. Y así lo manifiesta convencido Rutilio Escandón de que están haciendo bien las cosas, ignorando por completo el número de muertos provocados por la irresponsabilidad y la falta de oficio político de los dos funcionarios señalados, que sin preocupación alguna disfrutaron de la comida después de la gira en la que acompañaron al gobernador a SCLC.

Esta indiferencia ante el número de muertos y la prevalencia de problemas sin atender en Tila, contrastan con el manejo de medios nacionales así como en la mañanera presidencial,  que obliga a ejecutar la sentencia 1310/2010 de fecha 12 de septiembre del 2018, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ratifica la inconstitucionalidad del decreto 72, que dio origen a la expropiación de tierras del Ejido de Tila, que se utilizaron como predios urbanos que sirvió para el crecimiento urbano de la ciudad y que resolvió sobre la inejecución de la sentencia, en la que consideró que no existían en autos del juicio de amparo no existen elementos para determinar la imposibilidad (material o jurídica) para cumplir con la sentencia de amparo.

Esta sentencia fue notificada a Chiapas en el gobierno de Manuel Velasco Coello, en la que se lavaron las manos, como en la mayoría de los asuntos políticos, y dejaron el problema a la nueva administración que iniciaría sus funciones tres meses después. Pero de este conflicto tenía pleno conocimiento Rutilio Escandón, quien se desempeñó como presidente del tribunal de justicia en Chiapas en la administración anterior, y obviamente el problema de la inejecución de sentencia siempre fue un asunto pendiente delicado, en la que inclusive ni la propia Corte quería abordar, por no existir argumentos jurídicos para evitar el cumplimiento de la sentencia, que simple y llanamente significa devolver el pre-dio a sus legítimos propietarios que son el Ejido de Tila.

Sorprende que en la mañanera presidencial este asunto se haya abordado con total desconocimiento del problema, tanto por la reportera que planteó el asunto, como por el presidente López Obrador, que terminó señalando ridiculeces, y no las complicaciones que representan el cumplir o incumplir la sentencia de amparo, en el que el cumplimiento de la legalidad está detenida por problemas políticos, lo que implica la inaplicación del Estado de derecho, al que con mucho énfasis el fiscal del Estado suele recurrir en sus boletines, debido a que la legalidad jamás debe de depender de cuestiones políticas.