Los funcionarios no saben qué hacer

En la entidad se ha generalizado una idea equivocada sobre el orden social, en el que se piensa que la violencia del Estado provocada por el uso de la fuerza pública o a la Guardia nacional restablece el Estado de derecho y las libertades de la población; cuando en realidad sucede todo lo contrario, se generalizan violaciones a derechos humanos y con ello se pierde de vista en que son las políticas erróneas del Estado y la actitud de malos funcionarios los que provocan la protesta y la movilización para exigir el cumplimiento de las de-mandas ciudadanas. De allí que el uso de la fuerza pública para disolver las protestas sean un indicativo de la falta de capacidad política, en el que no existe voluntad en las autoridades para construir acuerdos; en el que siempre es más fácil reprimir que construir gobierno y democracia.

En Chiapas el exceso de protestas se debe en mucho al incumplimiento del gobierno en sus responsabilidades y a la frivolidad de los gobernantes. Si bien es cierto que también existen líderes que han hecho un negocio de la protesta, esto hay que decirlo, es responsabilidad exclusiva del propio Estado, que fomenta y práctica la ilegalidad y la corrupción con líderes venales, situación que no debe servir de pretexto para desacreditar por igual a todas las movilizaciones o a todos los liderazgos.

En el caso particular de Tila, un grupo identificado por promover la violencia paramilitar en la región, en los meses posteriores al levantamiento zapatista de 1994, y a quien el Estado le permitió gobernar en distintos momentos ese municipio, ya sea con las siglas del PRI o por las siglas de la peor versión del PRI que es el partido verde, ahora se presenta en el palacio de gobierno y acude a instancias del gobierno federal, a exigir el restablecimiento del Estado de derecho y a solicitar la intervención de la Guardia Nacional para garantizar la paz social en el municipio y con ello buscan posicionar una versión falsa de la problemática en Tila, que obviamente no corresponde con la realidad y en donde ellos aparecen como las víctimas.

Paradójicamente, los dos grupos en pugna exigen el cumplimiento de la ley, unos, engañados por la versión de los residuos de este grupo paramilitar, que exige la intervención de la Guardia Nacional con el interés de recuperar el dominio del espacio territorial de la cabecera municipal, para luego ganar de nuevo la presidencia municipal; y, los otros, que son los ejidatarios, le exigen al Estado la ejecución de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del 12 de septiembre del 2018, que implica la devolución de las tierras al Ejido, que en 1980 le fueron expropiadas a través de un decreto que fue considerado inconstitucional en todas las instancias judiciales del país, tierras en las que está construido actualmente la mayor parte del poblado de Tila, situación que implica desalojar e indemnizar a los pobladores de sus propiedades, en la que ningún funcionario quiere correr con los riesgos políticos que esta acción representa.

Tila vive una situación de compás de espera, en donde la administración de Rutilio Escandón no sabe qué hacer, y se está dejando correr el tiempo, con los riesgos de una mayor violencia, en donde los culpables de esta violencia es ya el propio gobierno de Chiapas, en virtud de que la razón jurídica la tiene el Ejido de Tila, misma que le fue concedida en sentencia por la Suprema Corte de Justicia.