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El discurso del Chiapas seguro

Editorial
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La inseguridad es un problema serio en la entidad, pero el gobierno mantiene una postura de que Chiapas es un Estado seguro y parte de la idea que con negar el problema, ocultar la información de los delitos y repetir hasta el cansancio de que todo está bien la población va a quedar conforme.

La ola de asaltos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, agresiones sexuales, robos en casa-habitación, secuestros, asaltos a cuentahabientes, robo de autos y atropellos policíacos a la población están a la orden del día en la entidad. Lo que evidencia que la delincuencia está fuera de control y en muchos casos, con la anuencia de los cuerpos policiales.

La campaña publicitaria de un Chiapas seguro que promueve el gobierno es insustancial. De nada sirve que se oculte o se niegue una situación cuando de manera reiterada hay acontecimientos de violencia o de inseguridad en Chiapas y éstos en ocasiones se con-vierten en noticia nacional, situación que reduce las posibilidades de un turismo seguro en la entidad. De allí la falacia del Chiapas imaginario que se percibe en los funcionarios y la mesa de seguridad, que cada vez se encuentra más desacreditada.

Frente a ese Chiapas imaginario se levanta una realidad que padece una desigualdad social, que vive en la pobreza, que tiende a incrementarse; una población en confinamiento por el Covid 19, que está preocupada por la falta de apoyo, por la falta de circulante y por una ausencia de inversión pública, que está temerosa de los despidos injustificados que realiza la administración, que acumula agravios y cuyo malestar es creciente.

A su vez, la fiscalía general del Estado con la secretaría de seguridad improvisan acciones que son violatorios a los derechos humanos. En este sentido los retenes policíacos instalados en varios puntos geográficos, inconstitucionales en todos los sentidos, se han con-vertido en mecanismos de extorsión y de intimidación a la ciudadanía, que no resuelven los problemas de inseguridad ni de tráfico de armas, ni de drogas ni de personas. Junto a esto la fiscalía general continúa con sus prácticas de tortura y la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes.

Con estas medidas, la administración de Rutilio Escandón muestra las dificultades que tiene para brindar seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos, en donde su apuesta es criminalizar la protesta social e infundir temor en la población, como lo ha hecho con los estudiantes normalistas y la población indígena en condición de desplazada.

Ni en la fiscalía ni en la secretaría de seguridad hay talento para garantizar la tranquilidad ciudadana. En esas dependencias lo que hay es delincuencia y en varios casos acuerdos con la delincuencia organizada. Además en las delegaciones de ambas dependencias se tienen establecidas cuotas a los mandos para encubrir un conjunto de ilícitos que a diario se suceden, sobre todo en los municipios fronterizos, que va del tráfico de azúcar, de ganado, de personas y las rutas de paso de drogas que están claramente establecidas por los principales cárteles del país.

Un reto en el gobierno de Rutilio Escandón era el de garantizar seguridad con respeto a los derechos humanos, algo que hasta ahora no ha podido cumplir a la ciudadanía, en mucho, esta problemática se debe al nombramiento de los funcionarios responsables de la seguridad y la justicia, que han mostrado total ineficacia para restablecer la paz y la tranquilidad de la población chiapaneca, lo que convierte a esta administración en una amenaza para los derechos humanos.