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El gobernador Rutilio Escandón no entiende que no entiende.

Editorial
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Chiapas es la entidad con mayor desigualdad social en el país, lo que provoca que su población padezca un incumplimiento en los mínimos vital necesarios en la satisfacción de los derechos económicos y sociales.  Ante ello, sorprende que el gobierno de Rutilio Escandón continúe con su postura de presumir como un gran logro la recuperación de 39 mil hectáreas y con un desconocimiento que sorprende señale que en la recuperación de pre-dios se respetan los derechos humanos y se privilegia el diálogo.

El gobernador no entiende que en Chiapas hay un 78% de población en pobreza y pobreza extrema a quienes se les viola diariamente todos sus derechos humanos, lo que significa, que los desalojos de los predios no puede ser una garantía de certeza jurídica ni de legitimidad ni de Estado de derecho como en su perorata lo manifiesta.

En concreto en Chiapas el derecho de la propiedad no puede estar por encima de los otros derechos humanos, que sin duda son violados con los operativos de desalojos orquestados por las fuerzas de seguridad comandada por la fiscalía del Estado que se caracteriza por sus prácticas de tortura, fabricación de delitos y violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos y en cuyos desalojos no debiera de participar la Comisión Estatal de Derechos Humanos como lo viene haciendo, pues ésta debiera ser el garante de los derechos humanos en la población y está convertida en el apéndice de la fiscalía en su participación en actos ilegales, en virtud de que la mayoría de estos desalojos se realizan sin las órdenes de un juez.

El gobernador no entiende que en los desalojos en predios urbanos se está violando el derecho a disfrutar de vivienda digna, amparado en el artículo 4º de la Constitución, y que junto a esta vivienda coexiste de manera interdependiente el derecho al agua potable y al saneamiento, al medio ambiente adecuado al desarrollo, a la salud, a la educación, a la integración familiar y a la vida digna. De igual manera con el desalojo de predios rurales, que se utilizan como tierra de laborío, se viola el derecho a la alimentación, al trabajo y a la vivienda

Todos estos derechos y otros más se están violando con los operativos de los desalojos de los predios, que tanto presume el gobernador y que lo convierte automáticamente en un violador de derechos humanos, que lo imposibilita a convocar el establecimiento de un Estado de derecho, debido a que él está convertido en el principal promotor de violaciones a derechos humanos.

Es un hecho que los predios invadidos tienen dueños; también es una realidad que los verdaderos propietarios de los predios tienen derecho a recuperar su patrimonio, pero el Estado, representado en Chiapas por Rutilio Escandón, no puede garantizar los derechos de unos violando los derechos de otros, para ello la ciencia jurídica ha desarrollado los test de racionalidad, para impartir justicia con criterios de proporcionalidad. Esto significa, que en algunos predios, el Estado debe indemnizar a los verdaderos propietarios y regularizar la propiedad a favor de quienes la habitan, sobre todo porque muchos de ellos compraron o están pagándole a alguien la posesión. En otro sentido, de acuerdo con la proporcionalidad, los predios son recuperados a favor de los verdaderos propietarios pero el Estado debe proporcionar un predio similar a favor de los desalojados, con el fin de dar cumplimiento al derecho constitucional que tienen a la vivienda digna, al trabajo y a la alimentación.

El gobernador no entiende que al garantizar el derecho a la propiedad como el derecho humano más importante de su gobierno, se convierte automáticamente en un gobierno neoliberal, que nada tiene que ver con los principios de un gobierno de izquierda que le hizo creer a los electores que iba a constituir, y que ahora queda claro su discurso y sus acciones son fraudulentas y pro-ducto de la simulación.