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La corrupción en el sector salud

Editorial
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La situación social de Chiapas presenta síntomas de alarma debido a problemáticas que no se atienden: es la entidad con menos crecimiento económico en el país; por décadas ha venido padeciendo problemas de gobernabilidad; tiene una alta deuda pública, que ocasiona el pago de 6 millones de pesos diarios; tiene un nulo crecimiento del empleo; está en riesgo la soberanía alimentaria por la baja producción de granos; hay una crisis por la inseguridad; se padece un ineficaz ejercicio de gasto público; se oculta y mal informa sobre los contagios y fallecimientos del Covid 19, existen graves deficiencias en la impartición de justicia y se tienen los índices de pobreza más alto del país, en donde el 78% de la población vive en la pobreza y la pobreza extrema.

Lo incomprensible es que pese a la gravedad de cada uno de estas problemáticas, no parecen tener importancia para el gobernador y sus funcionarios, que mantienen la misma indiferencia y frivolidad que los gobiernos anteriores y construyen un discurso ficción en el que repiten que todo está bien, mientras los conflictos se agudizan por la ausencia de gobierno, la falta de proyectos de desarrollo y la corrupción que prevalece en las oficinas públicas.

En Chiapas mantener un discurso de austeridad representa una verdadera irresponsabilidad en virtud de que la principal fuente de circulante de capital es la inversión pública y ésta no existe en la entidad, a pesar de que en el ejercicio presupuestal del 2019 se gasta-ron más de 91 mil millones de pesos, sin que haya una obra de infraestructura relevante que justifique el exagerado presupuesto asignado en ese año fiscal al Estado y en el 2020 se llevan más de 70 mil millones de pesos ejercidos sin que ello reactive las actividades productivas, que requieren de esta inversión, para la parálisis de la economía ocasionada por la pandemia del coronavirus.

Para males mayores hay que señalar que las principales licitaciones han sido asignadas a empresas que no son chiapanecas, como bien puede ser el de la compra de las medicinas, en donde se asignaron 2 mil millones de pesos sin licitación, a una empresa tabasqueña, cuya denuncia fue presentada en la conferencia mañanera del presidente de la república sin que hasta ahora exista el mínimo intento por investigar esa irregularidad, lo que significa que hay anuencia y complicidad del propio ejecutivo con el secretario de salubridad, quien actúa en total impunidad a pesar de las múltiples denuncias que se han hecho en contra de este funcionario.

Lo mismo sucede en el ISSTECH, en donde el actual director ha incurrido en distintos actos de corrupción, pero tiene el total respaldo y la confianza del gobernador, aún y cuando se hizo público la instalación de la sala VIP en el hospital, en donde se atendieron a familiares y recomendados del gobernador, incurriendo en el delito de discriminación en la prestación de los servicios de salud, en plena contingencia sanitaria, en el que existieron fallecimientos en el hospital por falta de respiradores, aún y cuando había disponibilidad de ellos en la sala VIP, lo que resultó un acto criminal, que debe ser investigado y sancionado.

Esta crisis sanitaria que se está viviendo en Chiapas, golpeó en un momento en que ningún funcionario en la entidad toma decisiones, y donde los responsables de las dependencias del sector salud están siendo señalados por enriquecimiento inexplicable, por los cada vez más evidentes actos de corrupción, que tienen la complacencia del gobernador.