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En el gobierno ni honrados ni capaces

Editorial
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El daño social que se está viviendo en Chiapas, ocasionado por las lluvias y el frente frío, requiere de una intervención decidida del Estado en el que se cumpla con las responsabilidades constitucionales de proteger y garantizar los derechos humanos de la población afectada. Es decir, que se les garantice plenamente la recuperación de todos los bienes perdidos por ese desastre natural.

Esta trágica experiencia repite los sucesos de las fuertes lluvias del 5 de noviembre del 2007, que trajo como consecuencia el desgajamiento de un cerro sobre el Río Grijalva, en el municipio de Ostuacán, cuyo taponamiento libró de la inundación a los municipios de Tabasco. En esa ocasión el gobierno de Felipe Calderón y de Juan Sabines propusieron como política pública la construcción de las Ciudades Rurales Sustentables, que en muy poco tiempo quedó demostrado que esa no fue la mejor solución a los problemas de pobreza en esa región y cuya construcción se convirtió en el símbolo de la corrupción del gobierno sabinista.

La fechas de los sucesos son las mismas, las lluvias que ocasionaron el reciente desastre iniciaron el 5 de noviembre, 13 años después del desgajamiento del cerro que produjo por lo menos 30 muertos, y que llevó a la construcción de la Ciudad Rural el Nuevo Juan Grijalva. Las lluvias de este año fueron previstas por el sistema metereológico, pero nadie tomó las precauciones debidas y el desastre tocó nuevamente las puertas de Chiapas y en este momento hay por lo menos 26 muertos.

La respuesta gubernamental en el 2007 no se compara con la respuesta que hay en este gobierno, en donde todos los funcionarios continúan sus actividades como si nada hubiera pasado. Lo que significa que no han dimensionado las consecuencias del desastre, que se pueden resumir en una sola idea: si Rutilio Escandón no asume la responsabilidad que representa gobernar a Chiapas, es mejor que se vaya. Y su salida debe construirse a partir de la derrota electoral del gobierno en la mayoría de los municipios y en la mayoría de los diputados en el Congreso Local.

La indiferencia gubernamental en los últimos días se concretan en el silencio ante los fuertes señalamientos de corrupción en la administración: A gritos se ha denunciado la corrupción en la secretaría de salud, en donde se denunciaron compras millonarias por adjudicación directa a empresas tabasqueñas sin que estos productos hayan llegado a los hospitales en Chiapas. De igual manera existe la denuncia del Consejo Coordinado de Chiapas que denunció asignaciones directas en la secretaría de obras para mantenimiento carretero, situación que pone en duda la transparencia del gobierno de Rutilio Escandón, que con frecuencia sale a decir que en Chiapas se acabó la corrupción, cuando todos saben que eso no es cierto.

Pero la peor indiferencia es la que se está viviendo frente al desastre natural que dejó en la orfandad total a miles de personas, que en otras circunstancias llevaría a instalar los tres poderes en la zona de desastre para garantizar la atención y la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Pero eso no es posible con los funcionarios que hay en Chiapas, que se caracterizan por su falta de honradez y por su incompetencia.