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La violencia entre Aldama y Chenalhó

Editorial
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El gobierno de Rutilio Escandón lleva 23 meses perdidos, promoviendo un acuerdo de no agresión entre el municipio de Chenalhó con el municipio de Aldama, cuando lo que en realidad debieran de hacer es aplicar la ley y con ello dar cumplimiento a las obligaciones de investigar y sancionar a los responsables de provocar las violaciones a los derechos humanos. La falta de visión política y de ausencia en conocimientos en derechos huma-nos, ha conducido a este gobierno a promover acuerdos de paz, que en realidad son mecanismos que reproducen la impunidad, al incumplir el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de las personas que establece el artículo 1º de la Convención Americana de los Derechos Humanos, de aplicación obligatoria en el país.

Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos la justicia debe lograr el efecto útil que se espera, y en los casos graves de violaciones a derechos humanos, como sucede en Chiapas con los desplazamientos y la violencia en esos dos municipios, “debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables”. Algo que ni por asomo se realiza en la entidad, en donde inexplicablemente el gobierno de la 4t protege y encubra a los grupos paramilitares, como en su momento lo hicieron los gobiernos del PRI y del verde.

Desde el momento en que la firma de este acuerdo de no agresión omite la obligación de investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas a miles de pobladores que sufren condiciones de desplazamiento generada por la violencia de grupos paramilitares de Santa Martha, comunidad de Chenalhó, esta decisión del gobierno resulta incompatible con las disposiciones establecidas en la Constitución mexicana y en la Convención Americana de derechos Humanos. Este pacto de no agresión, tan cacareado como logro político, carece de efectos jurídicos, pero además en-cubre la obligación de investigar las violaciones cometidas, así como la identificación y sanción de todos los responsables de estas agresiones.

El gobierno hasta el día de hoy no hace manifiesto su interés por prevenir agresiones que multipliquen los desplazamientos en estas comunidades ni su compromiso de proteger y garantizar los derechos humanos de la población indígena de Chenalhó y Aldama. Por el contrario, ha estado perdiendo el tiempo y creando falsas expectativas en la firma de un acuerdo de paz, que en realidad no tiene futuro, como se puede comprobar en los últimos días, en el que las agresiones continúan presentándose, como si no existiera la ley ni sanciones.

Lo que no alcanzan a entender los promoventes de la firma de paz, es que las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, ya adquirieron pleno conocimiento de la violencia que prevalecen entre esos dos municipios y no han tomado las medidas eficaces para prevenir o evitar los riesgos mayores.