Sin ideas ni estrategia para construir proyectos de paz

El gobierno de Chiapas está errando el camino para construir la paz en un amplio territorio que comprende la región de los Altos y Norte del Estado, en el que la violencia se acrecienta, y hechos como la agresión de la religiosa del miércoles pasado, provocan que la noticia se internacionalice y que los ojos de los organismos internacionales de los derechos humanos pongan la atención en Chiapas y que se emitan condenas al Estado mexicano por esta violencia.

La obligación principal del Estado es la de erradicar los grupos paramilitares en toda la región, pues estos son los generadores de violencia y el principal obstáculo para el estable-cimiento de un proyecto para la construcción de la paz, a su vez se deben de realizar las investigaciones y sanciones de los responsables para limitar los patrones de impunidad que prevalecen en Chiapas.

La construcción de la paz debe formar parte de un plan, de una política pública que al mismo tiempo que mejore las condiciones de vida de la población, se garantice el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, situación que está ausente en gran parte del territorio.

Es obvio que el deterioro social en las comunidades no se va a corregir de la noche a la mañana. Sobre todo porque el establecimiento de un proyecto para la construcción de la paz debe ser acordado con los miembros de la comunidad. Debe existir una aceptación y una voluntad libre de la población para construir la paz.

Por ello la decisión de militarizar la zona, con el establecimiento de la Guardia Nacional, no ha tenido resultados y la violencia y las agresiones paramilitares continúan en los municipios de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán. Problemas que no se van a resolver con la firma de pactos de no agresión como ingenuamente se viene realizando en la secretaría de gobierno en el que involucra al gobierno federal.

La presencia de la Guardia Nacional en la región viola la Ley de Concordia y Pacificación, con lo que queda claro que este gobierno no entiende la diversidad cultural y no en-tiende el papel histórico que le toca jugar en el proceso de concordia y pacificación de la zona de conflicto en estas comunidades indígenas. El gobierno, al otorgar su anuencia para la presencia de los militares, sobre la base de los hechos está cancelando en estas comunidades el derecho de vivir en paz y pone en entredicho el derecho a la vida y la dignidad de las comunidades.

El desconocimiento de los contextos indígenas y la falta de compromiso con la verdad del gobierno de Rutilio Escandón genera que Chiapas se encuentre al margen de la importante discusión que se está dando en diferentes países sobre la necesidad de implementar un modelo de justicia transicional, que permita investigar y conocer la verdad sobre los hechos violentos, que se haga justicia, se sancione a los responsables de la violencia generalizada en la región, se establezcan mecanismos de reparación y se promuevan acciones de reinserción e integración comunitaria, con el fin de establecer los mecanismos de no repetición de hechos de violencia, que debieran de avergonzar e indignar a la sociedad chiapaneca.