Las protestas ciudadanas por el incremento del precio de los combustibles, obligaba a establecer un pacto con la sociedad para aminorar los efectos de la crisis, pero no como lo planteó el gobierno de Enrique Peña Nieto, que mantiene la política de liberación del precio de los combustibles y no aborda en lo absoluto el problema del bajo monto de los salarios mínimos de la clase trabajadora.
El acuerdo es cupular, el gobierno lo firmó con representantes empresariales –excepto la COPARMEX que se negó a firmarlo-, y con la dirigencia de organizaciones de trabajadores y campesinos ligados al gobierno y dejó de lado el importante sector de población que durante los nueve días del año se han manifestado en contra del precio de la gasolina.
Este acuerdo impulsado por el gobierno, trata de minimizar los alcances del Acuerdo por la Unidad de México al que convocó en días pasados el Líder del partido MORENA, Andrés Manuel López Obrador, quien le propone a la ciudadanía tres puntos: “se debe gobernar con rectitud, se debe abolir la impunidad y se tiene que actuar con austeridad”. Y para ello convoca a una reunión para el 29 de enero en la ciudad de Morelia, Michoacán, a la que están invitados todos los mexicanos, incluidos militantes de otros partidos, con el fin de iniciar el proyecto de transformación nacional.
Frente a la propuesta de AMLO, de manera precipitada la presidencia de la república buscó la firma de un acuerdo cupular, en la que omite el problema político central de la protesta ciudadana y con ello ignora el malestar ciudadano.
Dentro de los compromisos del Acuerdo para el Fortalecimiento y la Protección de la Economía Familiar propuesto por el gobierno de Peña Nieto y firmado el día de ayer se encuentra Reducir en 10% salarios de funcionarios y el endeudamiento federal; Mantener los precios de la canasta básica; Modernizar el transporte; Mejorar las condiciones de crédito en la Banca de Desarrollo; Fomentar inversiones; Promover decreto para que activos en el extranjero regresen al país; No especular con los precios; No aumentar tarifas de bienes y servicios; Impulsar combate a la corrupción; Reforzar la transparencia; y Vigilar y sancionar abusos en precios.
El acuerdo impulsado por la presidencia de la república no tiene metas ni señala los montos destinados para promover la Banca de Desarrollo ni señala los estímulos para la inversión o para repatriar los capitales. El Acuerdo en sí no tiene rumbo sólo ocurrencias, con palabreríos de experiencias que los mexicanos ya vivieron en gobierno anteriores –Miguel de la Madrid Hurtado, con el Pacto de Solidaridad Económica; Carlos Salinas de Gortari, con el Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico y Ernesto Zedillo, con el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica-, con pésimos resultados, en lo que lo único que sucedió fue la contracción del salario de la clase trabajadora.
El Estado Mexicano está ignorando y desestimando el malestar de la población y con ello se propicia la ruptura, porque nadie cree que se vaya a combatir la corrupción ni que se procure mayor transparencia como lo contempla el Acuerdo de Fortalecimiento Económico, en la que continuará prevaleciendo la impunidad ante el saqueo generado por un grupo de gobernadores y exgobernadores, en la que están incluidos secretarios del gabinete y el propio presidente de la república en los beneficios otorgados a la empresa constructora HIGA y a la posesión de la famosa Casa Blanca propiedad del presidente.
