El pasado fin de semana se publicitó la firma del convenio definitivo que resuelve el conflicto agrario entre bienes comunales del municipio de Aldama y Santa Martha Chenalhó, en ese evento el gobernador del Estado echó las campanas al vuelo y señaló, que “la disposición de las autoridades y actores de ambos municipios, permitió llegar a esta anhelada re-solución, que abonará al bien común, a la pacificación, a fortalecer el Estado de derecho, al respeto de los derechos humanos y, sobre todo, a la construcción de una nueva cultura de paz y convivencia fraterna”. Sin embargo el sueño pacificador del gobernador rápida-mente fue puesto en evidencia, pues el sábado, 24 horas después de firmado el famoso convenio definitivo, se volvieron a presentar las agresiones del grupo paramilitar de Santa Martha en contra de pobladores de Aldama.
Son varios pactos de no agresión los que se han firmado entre ambas comunidades, sin que eso haya servido de algo, debido a que la paz no se construye con firmas sino con la suma de voluntades políticas, en donde se privilegie la verdad de los hechos y se haga justicia. Dos cosas que el actual gobierno no quiere realizar, pues eso significaría desmantelar y procesar a los integrantes del grupo paramilitar, con quien el gobierno tiene acuerdos electorales para el 2021, pero el desmantelamiento significaría modificar la estrategia militar de la contrainsurgencia, a sabiendas de que existen grupos zapatistas tanto en Aldama como en Chenalhó.
En este sentido nada ha cambiado en la zona de conflicto con el actual gobierno de la 4t, que mantiene la misma política del enfrentamiento intercomunitario, aún y cuando este gobierno le está quedando a deber a Chiapas, sin darse cuenta que en estos conflictos no solo se pone en riesgo la gobernabilidad del Estado sino la seguridad nacional del país, en donde muchos de estos conflictos que no se atienden en las zonas indígenas pueden representar una violencia mayor a los sucesos de Acteal, algo que de presentarse dañaría profunda e irreversiblemente al gobierno de López Obrador, de allí que la apuesta a la firma de convenios resulta intrascendental, por no decir una pérdida de tiempo.
Bajo esas circunstancias, qué debe hacer Rutilio Escandón para cumplir satisfactoriamente con el papel histórico que le toca desempeñar, como el promotor de la transformación de Chiapas, si no quiere terminar con el desprestigio y el rechazo social de sus antecesores: primero, cuidar su discurso que no convence ni tiene contenido; segundo, nombrar un gabinete que vaya acorde a la gran responsabilidad social que está en juego en la entidad; tercero, tener un plan de gobierno que siente las nuevas bases para el bienestar de la población y que se respete la legalidad y los derechos humanos; cuarto, impulsar un proyecto de justicia transicional en las comunidades indígenas para garantizar justicia y verdad en los agravios sufridos por décadas, lo que permitiría la desmilitarización y la puesta en marcha de un verdadero proyecto de cultura de paz; quinto, atender con la seriedad que se requiere la crisis sanitaria, en donde prevalece la mentira, la simulación, la irresponsabilidad, la corrupción y los reportes de contagios y fallecimientos están muy por debajo de la realidad; y, sexto, que se ponga a gobernar a la voz de ya, que recorra la entidad para que conozca los problemas y perciba personalmente las fallas de su gabinete, en virtud de que Chiapas necesita un gobernador que atienda los problemas y no que mantenga la misma postura de indiferencia que caracterizó a los gobernadores que lo precedieron.
Lo que se requiere es gobernar
Tools
Typography
- Font Size
- Default
- Reading Mode