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El gran dilema en la fiscalía del Estado

Editorial
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Chiapas es fundamentalmente una zona de paso para el narcotráfico, en el que se definieron varias rutas de trasiego bajo el control de los distintos carteles. la ruta de la costa; la de la Sierra-La Concordia-Villaflores-Cintalapa; el paso de Comitán San Cristóbal; la de La Selva por Benemérito para salir a Tabasco. Esta situación de paso es lo que produjo que décadas atrás se construyera un acuerdo de no calentar la plaza y evitar una situación de violencia en donde todos los grupos perdieran.

Esta es la razón por la que en los últimos sexenios, aunque estuvieran gobernadores sin talento y sin trabajo político, en Chiapas no se vivieron situaciones como en otros Estado de la república con índices de violencia elevados, y que en Chiapas paradójicamente los gobernadores pudieran presumir de un Chiapas seguro.

Sin embargo este acuerdo de no violencia entre los carteles ocasionó que la fiscalía estuviera a cargo de un policía y no de un procurador o fiscal preocupado por atender los índices de inseguridad y la aplicación de la ley. Y el nombramiento de un policía jugó un papel importante porque el policía conoce los grupos de la delincuencia, se vincula con ellos, establece acuerdos, existe comunicación; algo que difícilmente puede realizar un profesionista del derecho preocupado por la eficacia en la aplicación de las leyes.

Policía fue el procurador en los tiempos de Roberto Albores, al igual que con Pablo Salazar, con Juan Sabines, con Manuel Velasco y los dos primeros años con Rutilio Escandón. La excepción del perfil de policía se dio en el inicio de Juan Sabines, en la que se creó un Ministerio de Justicia pero el fracaso fue extremo, a punto tal de que en un decomiso de droga, el gobierno de Sabines fue obligado a la devolución del producto y se difundió la noticia de que lo que se había decomisado por error fue lactosa, pero inexplicablemente los comandantes que participaron en ese suceso fueron ejecutados y semanas después se retornó al perfil de policía en ese cargo.

Rutilio Escandón, que está más preocupado en los negocios y el enriquecimiento, que en el desempeño de la función de gobernar, toma la decisión de retornar el perfil de un jurista en la fiscalía y despide a un policía que se extravió en sus funciones. Esta decisión, que en otros momentos debiera de aplaudirse, porque resulta importante que la fiscalía se constituya en un órgano procurador de justicia, también resulta preocupante porque se pierde interlocución con la delincuencia organizada, que controla cuerpos policíacos, que nombra presidentes municipales, que aporta recursos para las campañas políticas, y la pérdida de interlocución puede conducir a la ruptura del pacto entre los grupos y que la violencia se reproduzca con enfrentamientos entre los carteles por la disputa en el control hegemónico de la plaza. Y entonces se pueden presentar situaciones que no se han vivido en Chiapas, como el de enfrentamientos y balaceras en las plazas, ahorcados en los puentes peatonales, encajuelados, etc., etc.

Los riesgos de esta violencia pasan desapercibidos en el gobernador; en donde sus preocupaciones no están puestas en Chiapas y en el que ya se perdió la oportunidad de construir gobierno. Esto queda plenamente demostrado con la ejecución del empresario ganadero, que ha generado indignación en diferentes sectores de la sociedad y ha encontrado un silencio preocupante por parte del gobernador, que muestra signos que lo peor de esta administración está por venir.