Los engaños sobre el Covid 19 en Chiapas

Editorial
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La crisis sanitaria del Covid 19 se convirtió fundamentalmente en una crisis social, debido a que esta enfermedad golpea con mayor fuerza a las personas en condiciones de vulnerabilidad, pues este tipo de población vive en lugares en donde se carece de agua y tienen problemas con la alimentación, dos aspectos ligados al contagio. Esto deja de lado la idea difundida de que el Covid golpea por igual a la población, pues no es cierto, debido que el repunte de la enfermedad ocasiona mayores estragos en la población que vive en la pobreza.

En este sentido, resulta por demás ridículo e irresponsable la postura del gobierno de Chiapas de ocultar información y rendir informes falsos sobre los contagios y fallecimientos de esta enfermedad, lo que ocasionó una reducción de la enfermedad por decreto, cuando la realidad es otra muy distinta pero se desconoce la magnitud de los daños.

Con una población con 78% de pobreza y pobreza extrema, en el que existen miles de comunidades sin agua y sin servicios de salud, con una mayoría de la población trabajando en la informalidad, que requiere del trabajo diario para procurar la subsistencia, resulta una verdadera ocurrencia inventar que en Chiapas existe un bajo nivel de contagios y fallecimientos.

Lo que sucede es que no se cuenta con la información de los contagios en las comunidades indígenas, en el que a diario están falleciendo cientos de personas que no forman parte de los informes estadísticos, y que históricamente carecen de la atención de los servicios médicos.

Por eso la decisión de considerar a Chiapas en el semáforo verde no solo es un engaño sino una conducta criminal en el que se está empujando a la población a que realice sus actividades cotidianas, a sabiendas de los enormes riesgos que esto representa para la salud y la seguridad de las personas.

Las cosas no andan bien en Chiapas, que recientemente el Congreso Local aprobó la obligatoriedad del uso de cubreboca, y el decreto contempla la aplicación de multas excesivas, aspecto que afecta directamente a la población, que tiene dificultades para su alimentación diaria, lo que hace imposible el pago de alguna multa que los diputados irresponsablemente contemplaron.

Es claro que no hay congruencia en el discurso y las acciones que emprende el ejecutivo, donde por un lado, se celebra el semáforo en verde y por el otro, se guarda silencio ante el número de muertos provocados por la pandemia.

El decreto aprobado por el Congreso Local tiene visos de inconstitucionalidad, de allí que si se judicializa seguramente el juez terminará considerando ilegal y va a declarar la invalidez del documento.