El Acuerdo para el Fortalecimiento y la Protección de la Economía Familiar propuesto por el gobierno de Peña Nieto no responde a las demandas de amplios sectores de la población al omitir un aspecto fundamental, la protección del empleo, que en realidad esa es la fuente primordial de toda protección de la economía familiar, y paradójicamente el gobierno federal despidió a 200 mil trabajadores y los gobiernos estatales y municipales están siendo orillados a impulsar un recorte de personal.
Este Acuerdo tiene como sus principales objetivos: Reducir en 10% salarios de funcionarios y el endeudamiento federal; Mantener los precios de la canasta básica; Modernizar el transporte; Mejorar las condiciones de crédito en la Banca de Desarrollo; Fomentar inversiones; Promover decreto para que activos en el extranjero regresen al país; No especular con los precios; No aumentar tarifas de bienes y servicios; Impulsar combate a la corrupción; Reforzar la transparencia; y Vigilar y sancionar abusos en precios.
Todo ello implica un programa de austeridad y de restricción presupuestaria, para los próximos dos años, pero no de recuperación económica y de generación de empleo en el corto y mediano plazo; situación que evidencia que el gobierno de Peña Nieto hizo mal las cosas e inexplicablemente las continúa realizando.
Este gobierno no ha entendido del todo que las movilizaciones de protesta en 27 Entidades y en más de 200 municipios, es coyunturalmente en contra del alza del precio de la gasolina, pero de fondo es en contra del presidente Peña Nieto, que agotó su imagen. La ruptura de este gobierno con amplios sectores de la población es total y prácticamente definitiva.
En la historia de los gobiernos posrevolucionarios, sólo el expresidente Pascual Ortiz Rubio no concluyó su mandato presidencial, de allí todos los presidentes de México concluyeron su período con un poder y fortaleza, que les permitió controlar el proceso sucesorio. Hoy nos encontramos en vísperas de un presidente que terminó su gobierno antes de tiempo y que difícilmente va a tener el manejo para la sucesión presidencial, a menos que desde ahora establezca un pacto –poco probable-, con Andrés Manuel López Obrador, que le asegure la inmunidad que requiere.
La constitución de 1917 es la que le otorgó poderes supraconstitucionales al presidente de la república, pero al mismo tiempo, es la que definió la visión de un modelo de Estado social, que al mismo tiempo era el promotor del desarrollo económico. A partir de 1982, con el gobierno de Miguel de la Madrid, se buscó eliminar el carácter de Estado social y disminuir el papel central del Estado como promotor del desarrollo económico. Todo ello fue sustituido por un modelo neoliberal, que después de 34 años –y seis presidentes de la república-, se puede afirmar categóricamente que no funcionó y que aún así la clase gobernante se empecina en mantener, a costa de la pobreza y la desigualdad social en que viven millones de mexicanos.
La crisis del incremento del precio de los combustibles se generó porque el Estado Mexicano abandonó el papel de promotor del desarrollo y canceló las inversiones públicas en empresas estatales y las puso en venta. En ese momento disminuyó la producción de gasolina en las refinerías mexicanas y se cancelaron los proyectos de nuevas refinerías, pues el proyecto neoliberal es el adelgazamiento de la estructura del Estado.
El presidente Peña Nieto les pide comprensión a los mexicanos. Eso es lo mismo que hizo el expresidente Ernesto Zedillo cuando incrementó el IVA de un 10 al 16% y prometió que con ello vendrían tiempos mejores. Por esas promesas incumplidas el presidente no puede pedir comprensión y menos si no comprende la historia de este país, sobre todo, la que le dio sentido al Estado social mexicano, que poéticamente Octavio Paz le llamó el Ogro Filantrópico.
