Confrontar los abusos de poder con la verdad

Los cambios del secretario de gobierno y del fiscal general del Estado eran previsibles simple y llanamente porque no funcionaron. Todos los problemas políticos y sociales que hay en Chiapas se deben a la ineficacia que caracterizó a estos dos funcionarios en el desempeño de sus funciones, que en diferentes ocasiones ambos funcionarios mostraron abuso de poder y deben ser sancionados por la violencia y el derramamiento de sangre que hubo en algunos municipios de la entidad, fundamentalmente en los municipios indígenas.

Ni uno supo manejar los hilos de poder para garantizar la estabilidad interna del Estado, ni el otro pudo procurar justicia con el respeto a los derechos humanos y se dedicó a fabricar pruebas para imputar a culpables, en una de las decisiones más aberrantes en contra de la población.

La legalidad nunca fue la característica de ambos funcionarios; en donde el gobernador del Estado terminó tolerando y fomentando la omisión, el incumplimiento y los abusos en contra de la población, que si algún momento tuvo expectativas de que las cosas iban a mejorar durante este gobierno, hoy cada vez tiene más claro que Rutilo Escandón terminó siendo un gobernador peor que Juan Sabines y Manuel Velasco.

La fiscalía general es una bomba de tiempo que amenaza estallar en cualquier momento y que ha erosionado terriblemente la credibilidad y legitimidad del gobierno de cuarta que hay en Chiapas. El caso de la muerte por tortura del reo de la cárcel de San Cristóbal apunta directamente al fiscal, que inventó el caso de una red de trata de infantes, que le permitió salir en medios nacionales y que ahora se le revierte, porque se detuvo a cuatro madres de familia que vivían en el mismo cuarto y que se dedicaban al comercio informal en esa ciudad colonial.

Esta pifia no es un hecho aislado, se acompaña del abuso del aparato estatal para linchar mediáticamente al médico Grajales Yuca, a quien irresponsablemente la fiscalía tiene aún bajo proceso, por un delito menor que no ameritaba la prisión preventiva, en la que nunca se esperaron la reacción de solidaridad hacia este médico, lo que los obligó a que se le cambiara su situación judicial de arresto, al mismo en que se exhibía la práctica de fabricación de delitos que caracterizó al exfiscal.

Los malos manejos de la política interna y de la política de seguridad en la entidad, es lo que condujo a los reiterados señalamientos de que en Chiapas no hay gobierno y que aún y con los cambios de todo el gabinete no se podrá constituir gobierno, debido a que el gobernador decidió convertir a Chiapas en un apéndice del gobierno presidencial, lo que produjo que no se diseñaran los programas de gobierno y que a su vez, no se implementen políticas públicas locales en la búsqueda del bienestar.