Los desaciertos de Rutilio Escandón

La inseguridad es un problema serio en la entidad, pero el gobierno mantiene una postura de que Chiapas es un Estado seguro y parte de la idea que con negar el problema, ocultar la información de los delitos y repetir hasta el cansancio de que todo está bien la población va a quedar conforme.

La ola de asaltos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, agresiones sexuales, robos en casa-habitación, secuestros, asaltos a cuentahabientes, robo de autos y atropellos policíacos a la población están a la orden del día en la entidad. Lo que evidencia que la delincuencia está fuera de control y en muchos casos, con la anuencia y colaboración de los cuerpos policiales.

Recientemente hubo cambios en la fiscalía del Estado y en la secretaría de gobierno. Esto pudo permitirle al gobernador disminuir la presión por sus malos resultados, pero también debiera de representar un compromiso para ordenar la investigación de presuntos delitos y violaciones a derechos humanos en el que se señalan la participación de los dos funcionarios removidos, que hoy se encuentran haciendo campaña en la búsqueda de una diputación federal.

Entre los hechos más notorios es la invención del desmantelamiento de una red de trata infantil, la cual resultó una familia ampliada, en el que se encarcelaron a cuatro mujeres y se trasladaron al DIF a 23 menores de edad, todos ellos hijos de las mujeres detenidas. En esa invención policial también se detuvo al señor Adolfo Gómez, quien murió con señas de tortura en el CERRS 5 de San Cristóbal, cuyo crimen no debe quedar impune, en el que la fiscalía tendrá que desistirse de los cargos y dejar en libertad a las mujeres, pero a la vez el Estado deberá reparar el daño, que la negligencia de la fiscalía le ocasionó a toda esta familia, que ha estado viviendo semanas de terror, ocasionado por una autoridad que se caracterizó por la fabricación de delitos, en el que se incurría en abusos de autoridad, tortura, violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Otro oso cometido por la fiscalía fue la detención del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien fuera detenido por la fiscalía para cumplir con los caprichos y excesos personales del gobernador, en donde también se le fabricaron delitos y se le hizo renunciar a su trabajo en el ISSTECH, con el fin de ocultar la red de corrupción que existe en esa dependencia bajo el mando de un médico sin experiencia ni capacidad alguna, favorito del gobernador,  quien vive un proceso de enriquecimiento inexplicable.  En el caso del doctor Grajales Yuca se dio un movimiento nacional de respaldo del gremio médico que obligó a detener el proceso y que la fiscalía tendrá que desistirse y el gobierno deberá de reparar el daño económico y moral que se le ocasionó, mismo que ya fue documentado a través de una recomendación de la CNDH.

La ligereza y desinterés con el que actúa el gobernador, condujo a la protección y respaldo a funcionarios que han incurrido en fallas en el desempeño del trabajo y que se encuentran severamente cuestionados por amplios sectores de la población.

En este sentido el gobernador debe de entender que su principal función es la de gobernar y no lo está haciendo. Él, por el papel histórico que le tocó desempeñar, que es el de la transformación de Chiapas, carecía del derecho a equivocarse, y lamentablemente su gestión está cubierta de errores y de falta de decisiones, que lo tiene convertido en el peor gobernador de la historia de Chiapas.