En la Resolución 726/2017 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que los Distritos Electorales de Palenque, Bochil, Ocosingo, San Cristóbal y Las Margaritas quedaban reservados como Distritos indígenas y todos los partidos debían de presentar a un hombre o mujer indígena como candidatos, con el fin de garantizar la representación política de los indígenas.
Esa determinación no se cumplió en las elecciones del 2018, y salvo en el Distrito de Ocosingo, en los otros cuatro distritos los candidatos fueron mestizos, quienes terminaron usurpando la representación política de los indígenas. Esto ocasionó, que a la fecha se hable en tono de burla de los “diputados indígenas” refiriéndose a dos exfuncionarios del gobierno de Manuel Velasco, pero que se deje de lado la crítica a la diputada de palenque - por ser familiar de Andrés Manuel López Obrador-, quien también usurpó la identidad y por lo tanto es participe a las prácticas de discriminación racial que se vienen dando en la política mexicana.
En estas elecciones se mantiene el criterio de los Cisnco distritos indígenas pero los partidos políticos continúan incumpliendo la resolución del Tribunal Electoral y nuevamente registran para las elecciones internas a candidatos mestizos e inclusive los usurpadores de la identidad indígena participan en la búsqueda de la reelección a sabiendas de que están reproduciendo prácticas de discriminación racial que representa una violación a los derechos humanos.
Los partidos políticos de MORENA, PRI, PVEM y PT, pueden ser sancionados por el INE, si deciden registrar candidatos mestizos en cualquiera de esos cinco Distritos que están reservados para la población indígena, y a su vez ser obligados al cambio de candidaturas y registrar a hombres o mujeres que formen parte de los pueblos originarios.
Por las dosis de racismo al interior de los partidos en la integración de las candidaturas, el proceso electoral ya se judicializó, debido a que las candidaturas de mestizos en esos Distritos Electorales van a ser impugnadas, primero en el INE y si hay omisiones ante el Tribunal Electoral, toda vez que deben ser respetados los derechos a ser electos que tienen los pobladores de los pueblos originarios, que en Chiapas representan más del 30% de la población.
El cumplimiento de las normas y criterios jurisprudenciales no están sujetos a la interpretación, aunque hay que reconocer que en el proceso del 2018 existieron verdaderas chicanadas, que fueron permitidas por el Tribunal Electoral, pero que en el actual proceso las irregularidades van a ser impugnadas en el momento procesal que corresponda como lo indica el derecho electoral.
Las elecciones está cargadas con una fuerte dosis de racismo
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