Es el momento oportuno para que el gobierno del Estado y el Congreso Local informe con veracidad a la población chiapaneca en qué y dónde se han invertido los más de 185 mil millones de pesos asignados presupuestalmente a Chiapas en lo que la administración de Rutilio Escandón. Sobre todo porque no se han hecho obras significativas ni existe circulante provocado por las inversiones que el gobierno solía hacer en la entidad.
Si algo caracteriza a la actual administración es la opacidad y la falta de información veraz, a la que está obligado a reportar. Por esta política de opacidad, que propicia la corrupción y la asignación de obras y contratos de manera directa, ningún diputado local debiera de reelegirse ni buscar otro cargo de elección popular, pues en su entreguismo al Ejecutivo y están faltando a la población que los eligió.
El conocimiento detallado del gasto de este presupuesto se requiere, en virtud de que el gobierno en Chiapas no transparenta los recursos destinados al combate del Covid 19, donde se realizan pruebas mínimas de detección y además se ha negado a destinar apoyos económicos a empresas, negocios y comerciantes para acordar un confinamiento de por lo memos dos semanas, con el fin de reducir considerablemente los contagios y fallecimientos que irresponsablemente la administración de Rutilio Escandón esconde y altera los informes sobre los daños de esta enfermedad, aún y cuando Chiapas tiene el presupuesto para hacerlo.
La conducta criminal que se asumió en Chiapas, nos lleva a exigir que se acabe con el discurso de las mentiras oficiales que a diario reporta logros inexistentes en contra de los avances del Covid, que ha enlutado los hogares chiapanecos, con cientos de fallecimientos que no forman parte de las estadísticas, debido a la obsesiva actitud de privilegiar la mentira.
En Chiapas se debe urgentemente acordar un confinamiento de dos semanas. Esto conduce a la aplicación de criterios de proporcionalidad, que se utilizan cuando existen contradicción en dos o más derechos humanos, como es el caso es que se tiene que efectuar una ponderación sobre qué derechos es más importante proteger: la salud y la vida de las personas o el daño económico y la pérdidas de empleos.
En esta ponderación, el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar el derecho a la salud, a la vida y al trabajo, por eso debe implementar urgentemente una política pública de apoyos económicos emergentes, que beneficien a toda la población, en la implementación de dos semanas de restricciones a la circulación de las personas. Dentro de estos apoyos están los estímulos fiscales, el no pago de los servicios, becas de desempleo, absorción parcial de las nóminas de los comercios, empresas y negocios y la implementación de un programa de reactivación de la economía, en el que exista un programa de créditos con cero tasa de interés.
Todo esto se puede realizar, sólo se requieren dos cosas: voluntad política e inteligencia en el diseño de políticas. Lamentablemente Rutilio Escandón carece de estas dos condiciones y por su indiferencia y sometimiento a las ocurrencias del presidente de la república va a continuar con sus políticas de mentiras, en el que se expone a ser denunciado por el delito de crímenes por comisión de omisión, pues él es el responsable en la definición de las políticas en contra del Covid.
¿En qué se gastaron 185 mil millones de pesos en Chiapas?
Tools
Typography
- Font Size
- Default
- Reading Mode