Ni un feminicidio más

En medio de la mayor crisis de credibilidad y confianza el gobierno de Rutilio Escandón enfrenta el malestar de miles de estudiantes universitarios y profesionistas de la medicina que exigen justicia por el feminicidio de Mariana, quien se encontraba realizando el servicio social en una comunidad indígena donde fue violada y luego encontrada muerta.

En el primer mes de este año se han cometido en la entidad seis feminicidios, uno cada cinco días, pero éste último, el de Mariana, despertó la indignación y con marchas y protestas multitudinarias, en varias ciudades, se exige justicia, que desafortunadamente en Chiapas no es pronta ni expedita y que se caracteriza por los altos niveles de impunidad.

La fiscalía de justicia del Estado, que hace unos días presumía el segundo lugar de mentiras en materia de seguridad pública, ha mostrado su incapacidad para atender y resolver estos crímenes que ofenden a la sociedad entera y peor aún, pone en evidencia la falta de voluntad de un gobierno para dar respuesta eficaz a la alerta de género, que fue declarada en noviembre del 2016 y que hasta ahora es una simulación, pues en lugar de combatir y erradicar la violencia feminicida ésta se ha acentuado en la entidad.

Esta falta de voluntad se comprueba cuando la fiscalía no investiga los crímenes con la perspectiva de género y algunos los documenta como homicidios y otros los cierra bajo la conclusión de suicidio, como pretende hacerlo en este caso, en el que se canceló la posibilidad de conocer pruebas que motivaron la muerte, debido a que el cuerpo de Mariana ilegal e irresponsablemente fue incinerado, en donde la fiscalía carga los agravantes de este delito y los funcionarios que no impidieron esta incineración deben ser sancionados, pues se destruyeron pruebas para una debida diligencia.

Este feminicidio debe obligar al gobernador a abandonar su indolencia y asumir con responsabilidad sus obligaciones, pues este crimen se convirtió en nota nacional y no puede quedar impune ni resolverse con la detención de un chivo expiatorio, como se acostumbra en la fiscalía, debido a que están en juego las elecciones intermedias y el asunto ya se politizó y el malestar popular se canaliza hacia las críticas a la ineptitud que prevalece en el sector salud, dirigida por un facineroso, que ha sido señalado insistentemente por sus actos de corrupción y sus prácticas represoras, bajo el amparo y la protección del propio gobernador, que se resiste a despedirlo, pero el cese del secretario es inminente si se quiere evitar mayor politización.

Sobre todo porque en la UNACH la indignación está llevando a la convocatoria de paros estudiantiles por la exigencia de justicia para Mariana, en donde la característica de los movimientos universitarios es que se conocen la fecha de inicio pero se ignora cuando terminan, en virtud de la volatilidad en torno de las peticiones que surgen con estas movilizaciones, que en más de una ocasión han conducido a la renuncia de gobernadores en el país. Situación que se complica porque en la otra universidad de la entidad, la UNICACH, hay un proceso interno de designación del rector y la intención del gobernador es colocar ahí a Hermes Ferras Coutiño, quien no es universitario, no tiene trayectoria académica, es un aventurero en la administración y tiene el antecedente de un enriquecimiento inexplicable que lo inhabilita para ocupar el cargo del rector. A menos de que se quiera provocar que en las dos universidades públicas del Estado se encienda la llama de la protesta.