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Por agresión a periodista detienen a 9 personas en Tapachula

Editorial
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En Chiapas existe una práctica reincidente de violaciones a la libertad de expresión, en donde la fiscalía especializada contra delitos a periodistas no funciona. Son muchos casos en que periodistas han acudido a presentar una queja a esta fiscalía sin que éstas sean investigadas con la debida diligencia, lo que genera la prevalencia de patrones de impunidad.

La fiscalía contra delitos a periodistas en Chiapas no debería de existir, en virtud de que estos delitos son del fuero federal y es en la fiscalía general de la república en donde los periodistas deben de presentar las denuncias. Así se hizo en la detención arbitraria que sufriera la periodista Cinthya Alvarado, el 27 de enero del 2020, en la ciudad de Tapachula, cuando cubría una protesta de pobladores de Pavencul, que exigían la construcción de un camino, y que fuera reprimida por la policía. Esta represión estaba siendo transmitida en vivo por Cinthya Alvarado, cuando es detenida por la policía municipal, en la que se pretendió acusar como responsable del delito de  incitación a la violencia.

Al año de haber presentado la denuncia en la Fiscalía General de la República, el día de ayer fueron ejecutadas las órdenes de aprehensión a 9 funcionarios que participaron en esa detención ilegal, y en las próximas horas se ejecutará la detención de 5 personas más. Entre los detenidos se encuentra el que fuera secretario de seguridad pública de Tapachula, a quien la periodista lo señaló como el responsable de amenazas y tortura psicológica realizada en el sótano del edificio de la presidencia municipal.

Esta detención de los presuntos responsables representa un precedente para el conjunto de autoridades municipales, estatales y federales, que con frecuencia amenazan, acosan, agreden o detienen a periodistas y a la vez, pone en entredicho la inacción judicial del gobierno de Chiapas, que durante este año de transcurrido la agresión, ha sido omisa y con ello perpetúa la impunidad de las agresiones a los periodistas y fomenta la sensación de inseguridad del trabajo periodístico.

En Chiapas no existe voluntad ni interés de combatir las agresiones y amenazas en contra de periodistas y la fiscalía no desarrolla una investigación eficaz con el fin de sancionar a los responsables de esas agresiones. Por eso, con el trabajo realizado por la Fiscalía General de la República, se puede proceder en contra de las autoridades estatales que han sido omisas en la investigación de las agresiones que sufriera la periodista Cinthya Alvarado; en concreto, se está en condiciones de proceder en contra del fiscal de periodistas y en contra de funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes incurrieron en delitos de omisión y aquiescencia.

De igual manera, el ministerio público federal deberá de investigar la campaña de desprestigio y linchamiento mediático que sufriera Cinthya Alvarado, en donde se estigmatizó su trabajo periodístico y se le generó un clima de inseguridad, pues se pretendió señalarla como la persona que incitó a la violencia a los pobladores de Pavencul, queriendo ocultar con ello el incumplimiento del Estado.