El criminal del Covid 19 en Chiapas

Es inadmisible y criminal que el gobierno de Rutilio Escandón cierre los ojos ante la realidad de la tragedia del Covid 19 en Chiapas y mantenga el discurso oficial de la mentira en los reportes diarios sobre contagios y fallecimientos, que minimizan el problema ocasionado por la pandemia, que tiene en luto a la mayoría de las familias chiapanecas.

La realidad sobre los daños del Covid 19 en la entidad son tan aplastantes, a punto tal que cientos de personas se realizan la prueba en laboratorios privados, cuyo resultado es positivo, y a su vez, mantienen un tratamiento con médicos particulares por la falta de confianza que existe en los hospitales púbicos y las clínicas covid, montadas al vapor, sin el instrumental necesario para dar la atención de calidad que esta enfermedad requiere.

La tragedia que se vive en miles de familias chiapanecas no le importa a las autoridades de la entidad, quienes ocultan de manera criminal la magnitud del problema, en donde se elaboran reportes falsos con el fin de mantener el Estado en semáforo verde, como si con el color del semáforo se resolviera automáticamente el problema de los contagios.

La paradoja de esta política oficial de mentiras, es que la pérdida de vidas continúan, pero éstas siguen sin reportarse y por lo tanto no se contabilizan en las estadísticas, situación que evidencia un pésimo manejo de la pandemia, en el que resulta inentendible que el gobernador Rutilio Escandón considere que el secretario de salud José Manuel Cruz Castellanos funciona adecuadamente, cuando son muchos los deslices que ha cometido y en más de una ocasión ha sido hazmerreir en los medios nacionales por su ignorancia y su ligereza verbal, en donde inclusive la Comisión Nacional de Derechos Humanos le hizo una recomendación a este funcionario por su trato discriminatorio a una reportera. En realidad, lo único que estaría justificando la permanencia del secretario de salubridad, son los actos de corrupción en la asignación de contrato de servicios y obras, denunciadas por la dirigencia sindical de la sección 50, en la que probablemente  el gobernador es partícipe o por lo menos no pone un alto a ella.

Las mentiras que difunde esta administración sobre los contagios y fallecimientos que sitúa a la entidad en semáforo verde es una conducta criminal, que bien puede ser castigada en los tribunales, sobre todo porque existen antecedentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de sentencias en materia de salud que son aplicables a las condiciones actuales, la más importante de ellas es la del Caso Poblete Vilches y otros VS Chile.

En el citado caso, la Corte conoció de los hechos acontecidos en relación al señor Poblete Vilches, quien ingresó al Hospital público Sótero del Río (Chile) el 17 de enero de 2001 a causa de una insuficiencia respiratoria grave. El 5 de febrero de 2001, y tras haber sido dado de alta, el señor Poblete Vilches ingresó por segunda ocasión al mismo hospital, donde permaneció en la unidad de cuidados intermedia, a pesar de que su ficha médica disponía la necesidad de su internación en sala de cuidados intensivos. El señor Poblete Vilches requería de distintas asistencias médicas, entre ellas un respirador mecánico, el cual no le fue proporcionado, provocando su fallecimiento el día 7 de febrero de 2001.

El 8 de marzo del 2018, 17 años después de ese suceso, la Corte concluyó en su sentencia “(i) que los servicios de salud brindados al señor Poblete Vilches no cumplieron con los estándares de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, lo que constituyó una violación a su derecho a la salud; […] y (iii) que el Estado violó su derecho a la vida y a la integridad personal, pues la falta de una adecuada atención médica derivó en un resulta-do dañoso y, en última instancia, en su muerte (párrs. 174-175).” Por ello, el Tribunal concluyó que el Estado chileno era responsable por la violación al derecho a la salud, a la vida y a la integridad física.

Esta jurisprudencia de la Corte aplica perfectamente en todos los fallecimientos por Covid, especialmente los que se presentaron en el ISSTECH, en donde se instaló una sala VIP para atender a políticos y recomendados del gobierno, que representa en sí un acto discriminatorio, en el que no se brindó disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad, que constituye una violación al derecho a la salud y ocasiona incumplimientos a la responsabilidad internacional del Estado.

Sobre estos fallecimientos el Estado tiene la obligación de la reparación integral del daño a la vez que está obligado a proporcionar servicios de salud con calidad, aspecto que no lo viene realizando, además de que se privilegia la mentira con el fin  de colocar a la entidad en semáforo verde.