En el gobierno federal como en el gobierno estatal se ha convertido en un acto de fe combatir a la corrupción, sin que ese discurso vaya acompañado en acciones concretas y veraces que disminuyan la corrupción. Por eso se debe realizar una exhaustiva investigación sobre el comportamiento del Auditor Superior de la federación, quien terminó poniendo en duda el informe de las auditorías realizadas por ese órgano autónomo a las dependencias federales y estatales del año de gestión 2019, en donde se exhibieron irregularidades en el ejercicio del gasto en dependencias federales y en oficinas del gobierno de Chiapas.
Los mecanismos jurídicos son indispensables para cualquier cambio o transformación en el Estado, pero para reducir la corrupción, también se requiere de condiciones políticas para hacer posible el cumplimiento eficaz de la ley; por ejemplo, la secretaría de la función pública se fundó en los años ochenta como un órgano de control y auditorías y hasta el día de hoy no se ha existido de ninguna sanción a un funcionario de primer nivel en el gobierno federal, menos en el estatal, y en los casos en que pareciera que sí hubo castigo al funcionario, éste se debió fundamentalmente a un ajuste de cuentas o por que cayó de la gracia del gobernante en turno.
En el gobierno de la 4t, las investigaciones en contra de la corrupción han sido más mediáticas que el estricto cumplimiento de un acto de fe, como puede observarse en los casos de Emilio Lozoya o Rosario Robles o bien el cierre sospechosos del caso de Pío López Obrador, exhibido en entregas ilegales de dinero o peor aún, el silencio cómplice del desvío y enriquecimiento inexplicable de los dos exgobernadores de Chiapas, Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello, protegidos y colaboradores por el actual gobierno.
En Chiapas reducir la corrupción, como en el discurso pretende hacerlo el gobernador, se requiere implementar la cultura de la legalidad, algo que no existe en los funcionarios del gobierno, pues algunos de ellos no cubren los requisitos para desempeñar el cargo que tienen, como sucede con el titular de la Auditoría Superior del Estado, Uriel Estrada Martínez, quien no cubre con los requisitos señalados por la Constitución para desempeñar el cargo, en virtud de que no posee con la experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, que obliga el artículo 116 de la misma y el Congreso local pasó por alto esta disposición solo porque ese nombramiento había sido predeterminado en la oficina del gobernador.
La ilegalidad de ese nombramiento invalida por sí sola cualquier acción que busque combatir la corrupción, porque la designación de esta autoridad está viciada de origen y sus actos de sanción pueden someterse a un procedimiento de nulidad.
Por todas las posibles irregularidades que existe en el manejo del presupuesto, resulta inaceptable el affaire del Auditor Superior de la Federación, quien desestimó sus propios mecanismos de las auditorías, y dejo sin credibilidad y en crisis de confianza a todo el órgano responsable de la fiscalización de los recursos públicos.
¿Se combate a la corrupción?
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