En el inicio de este gobierno, el gobernador Manuel Velasco Coello propuso unas medidas de austeridad, con el fin de contrarrestar la difícil situación financiera que dejó la administración de Juan Sabines Guerrero, en donde hubo un saqueo generalizado en todas las secretarías y una deuda pública que ensombrece el futuro de Chiapas.
Esas medidas de austeridad contemplaban la reducción del salario de los funcionarios, así como la reducción de gastos personales y comisiones especiales. Se buscaba limitar la contratación de personal eventual, de confianza y de honorarios. A la vez, que se proponía un ahorro en el consumo de energía, teléfonos y agua. Y para hacerse de recursos, se aprobó el impuesto del pago de la tenencia vehicular que la administración anterior había derogado.
Este gobierno nunca rindió cuentas de los alcances de estas medidas de austeridad, pero se percibió un derroche en el uso de los recursos públicos –sobre todo en publicidad-, y un enriquecimiento a plena luz del día de muchos de los funcionarios. A grado tal, que se puede afirmar, que las obras más relevantes de este gobierno, son las casas y ranchos de muchos de los funcionarios y exfuncionarios de esta administración, que cambiaron radicalmente su forma de vida, en la que algunas de esas propiedades pueden competir con la famosa Casa Blanca, que desprestigió ampliamente la figura del presidente Peña Nieto.
Después de cuatro años de desaciertos, corrupción e impunidad, en el gobierno de Velasco Coello se vuelven a poner en boga las medidas de austeridad. Pero ahora se produjo el despido de cientos de trabajadores en todas las secretarías y al fin se eliminaron las dependencias creadas por el sabinismo, que fueron el símbolo de la manipulación, la corrupción y el engaño, en la que el actual gobierno participó con su silencio y complicidad. Por ello, lo único grave de la desaparición de Ciudades Rurales y de la dirección de energías alternativas, es que se hizo sin que se realizaran las investigaciones correspondientes sobre el desvío de recursos que hubo en esas dependencias, a lo cual se le dio carpetazo...
El despido de los trabajadores no resuelve el problema financiero y se corre el riesgo de producir una crisis social mayor. No resuelve la situación financiera, en virtud de que el capítulo 1000 de servicios personales, es intransferible, por lo que representa un ahorro que no se puede destinar para atender otras demandas o necesidades y que al final del año fiscal se tendrá que devolver a la secretaría de hacienda.
De allí que los despidos signifiquen un riesgo, porque se pueden llegar a politizar, en un año previo a las elecciones, en la que el nivel de popularidad del gobernante es de un 21%, lo que afecta negativamente a la figura de quien puede ser su candidato en el 2018, que por las condiciones políticas y sociales del país, se prevé desde ahorita un proceso electoral complicado.
Lo deseable en este período de crisis y de austeridad, era una reestructuración del aparato público y de mayores controles al gasto, pero también era la oportunidad de establecer límites a la corrupción y de consignar a funcionarios, que por sus excesos son fácilmente señalados.
Pero el gobernador decidió caminar sobre los despidos, trasladando la carga de la responsabilidad de los malos manejos de los recursos y de los pobres resultados de su gobierno a los trabajadores y no realizó el ajuste de cuentas sobre una mayoría de funcionarios que él colocó, que debieran ser sancionados y más de alguno consignado, por el uso indebido de los recursos públicos, en el que habrá que señalarlo, en esa situación se encuentran familiares, que indebidamente fueron incorporados a las actividades públicas.
