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La criminalización a defensores de derechos humanos

Editorial
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El gobierno de Chiapas está errando el camino para construir la paz en un amplio territorio que comprende la región de los Altos y Norte del Estado, en el que la violencia se acrecienta, y hechos como los actos intimidatorios al defensor de los desplazados del Ejido Puebla, Diego Cadenas, por parte de la secretaría de gobierno, sólo provocan que la mirada de los organismos internacionales de los derechos humanos se pose en Chiapas y que se emitan condenas al Estado mexicano por  las prácticas de violencia institucional que se presentan de manera recurrente en el Estado.

En lugar de agredir y criminalizar a defensores de derechos humanos, el gobierno del Estado debiera de implementara una serie de medidas y mecanismos para erradicar la presencia de los grupos paramilitares en toda la región, pues estos son los generadores de violencia y el principal obstáculo para el establecimiento de un proyecto para la construcción de la paz, y a su vez, la fiscalía debe de realizar las investigaciones y sanciones de los responsables de esta violencia, situación que debiera de limitar los patrones de impunidad que prevalecen en la entidad.

La construcción de la paz debe formar parte de un conjunto de políticas públicas, que al mismo tiempo de eliminar los grupos paramilitares e impartir justicia, busque mejorar las condiciones de vida de la población, así como garantizar el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, situación que está ausente en gran parte del territorio.

Es obvio que el deterioro social en las comunidades no se va a corregir de la noche a la mañana. Sobre todo porque el establecimiento de un proyecto para la construcción de la paz debe ser acordado con los miembros de la comunidad. Debe existir una aceptación y una voluntad libre de la población para construir la paz.

Por ello es cuestionable la decisión de militarizar la zona, con el establecimiento de  la Guardia Nacional, pues esto no ha tenido resultados y la violencia y las agresiones paramilitares continúan en los municipios de Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.

La presencia de la Guardia Nacional en la región viola la Ley de Concordia y Pacificación, que aún mantiene su vigencia, con lo que queda claro que el gobernador no entiende la diversidad cultural y no entiende el papel histórico que le toca jugar en el proceso de concordia y pacificación de la zona de conflicto en estas comunidades indígenas. Rutilio Escandón, al otorgar su anuencia para la presencia de los militares, sobre la base de los hechos está cancelando el derecho de estas comunidades de vivir en paz y pone en riesgo el derecho a la vida y la dignidad de las comunidades.

El desconocimiento de los contextos indígenas y la falta de compromiso con la verdad de la administración de Rutilio Escandón genera que Chiapas se encuentre al margen de la importante discusión que se está dando en diferentes países sobre la necesidad de implementar un modelo de justicia transicional, que permita investigar y conocer la verdad sobre los hechos violentos en las comunidades, que se haga justicia, se sancione a los responsables de la violencia generalizada en la región, se establezcan mecanismos de reparación y se promuevan acciones de reinserción e integración comunitaria, con el fin de establecer los mecanismos de no repetición de hechos de violencia, que debieran de avergonzar e indignar a la sociedad chiapaneca.

Criminalizar a los defensores de derechos humanos es cerrar la puerta a la negociación y a la búsqueda de acuerdos para la construcción de una paz con dignidad en las comunidades indígenas.