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¿Cuál compromiso con la democracia?

Editorial
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De qué sirve que el gobernador, Rutilio Escandón, firme el acuerdo nacional por la democracia propuesto por el presidente de la república, si en Chiapas los operadores del gobernador andan violentando derechos políticos y cobrando cuotas a muchos aspirantes a las presidencias municipales, todo ello con el fin de seleccionar a los candidatos reproduciendo el viejo y antidemocrático estilo del PRI: el dedazo.

Como ejemplo de estas violaciones de derechos se puede señalar, que por lo menos 20 presidentes municipales a quienes el Congreso Local les autorizó la licencia para estar en condiciones de buscar la reelección de la presidencia se encuentran en la incertidumbre, en virtud de que el gobierno del Estado no ha publicado en el periódico oficial la autorización de dichas licencias, y todo parece que no se van a publicar, incurriendo la secretaría de gobierno en una falta, pues esta área es la responsable del periódico oficial.

Otro ejemplo de estas violaciones a los derechos políticos es la convocatoria a precandidatos que realiza Ismael Brito, operador del gobernador, en donde les conmina a que no deben registrarse como candidatos a las presidencias, pues ya se definió quien es el elegido de Morena, pero a su vez, palomea a su conveniencia a personas para que se registren a Chiapas Unido, partido local que se encuentra bajo la encomienda oficial del exsecretario de gobierno.  

Por su parte Jorge Luis Llaven Abarca, exfiscal del Estado, también tiene la encomienda del gobernador Rutilio Escandón de controlar las candidaturas del partido verde, en el que se le ve, desde hace varias semanas, haciendo campaña en todo el territorio del Estado, designando candidatos para las municipales y realizando reuniones en el que fluye el dinero, que si no son recursos públicos, son recursos de la delincuencia organizada, lo que debe estar bajo la supervisión tanto del IEPC como del INE, pues resulta más que obvio, que Llaven Abarca ya rebasó con mucho el tope de campaña de los diputados federales, que es de un millón 600 mil pesos.

Sin embargo, el acto más deplorable de este proceso de designación de candidatos por parte del partido Morena, es el cobro de cuota que se efectúa sobre los palomeados, en el que por lo menos, dos candidatos manifestaron que acudieron con el súper delegado a dar su cooperación voluntaria por haber sido seleccionados, sin que se conozca de manera oficial la realización de las famosas encuestas, que de por sí representa un método poco democrático en la designación de candidatos, pues en el caso de realizarse, solo se consulta a una pequeña muestra de la población, que en municipios como Tuxtla o Tapachula no representan ni mil encuestados.

Por eso bien vale la pena reiterar la interrogante de qué sirve que el gobernador exprese su compromiso con la democracia, cuando él mismo promueve que excolaboradores de su gobierno manoseen la voluntad popular y designen candidatos por dedazo o venta de candidaturas que representa una clara violación de los derechos políticos de la población.