En el sistema político mexicano el presidente de la república tiene facultades metaconstitucionales, que le permiten estar por encima de la ley y que obstruye la división de poderes. Esta composición se reproduce en las entidades federativas, en donde los gobernadores ejercen sus atribuciones por encima de la ley, lo que les permite orientar y definir en mucho, los triunfos electorales en los cargos de elección popular.
Sin embargo, hoy día, se observa por primera vez en los gobiernos posrevolucionarios, que la figura presidencial está en crisis desde el cuarto año de gobierno y sus niveles de aceptación continúan disminuyendo. Esto resultados se reproducen tanto para el presidente Enrique Peña Nieto como para el gobernado Manuel Velasco Coello.
En la encuesta del periódico Reforma publicada el día de ayer, sobre la aprobación del trabajo del presidente, el 86% de los encuestados desaprueba el trabajo de Peña Nieto y sólo el 12% lo aprueba, lo que representa la peor calificación que un presidente de la república haya obtenido durante el desempeño de su gestión.
De la misma manera, el Portal SDP Noticias publicó los resultados de la evaluación de los gobernadores de los Estados, en la que ninguno de los 32 gobernantes obtuvo una nota aprobatoria, pero en donde sobresale el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, como el peor evaluado con un 14.8 de calificación.
Estos resultados muestran una percepción de desaprobación de la ciudadanía al desempeño del trabajo del presidente y del gobernador, situación que de no mejorar, los coloca en una condición compleja de ilegitimidad frente a los electores para influir determinantemente en el proceso sucesorio.
Este asunto no es irrelevante, en virtud de que el presidente de la república y el gobernador de Chiapas han sido piezas fundamentales para definir el triunfo electoral. Por ejemplo, Vicente Fox nunca hubiera sido presidente sin el respaldo de Ernesto Zedillo; Felipe Calderón jamás hubiera ganado sin el apoyo que le brindó el presidente Fox y Enrique Peña Nieto no hubiera triunfado sin el respaldo de Felipe Calderón. En el caso de Chiapas, Pablo Salazar no hubiera sido gobernador sin la complicidad de Roberto Albores; Juan Sabines jamás hubiera triunfado sin el apoyo determinante de Pablo Salazar y Manuel Velasco no hubiera sido candidato del PRI, sin las acciones persecutorias implementadas por Juan Sabines en contra de José Antonio Aguilar Bodegas, que lo inhabilitó constitucionalmente.
En este sentido, se percibe una contienda electoral inédita, en el que se va a presentar una competencia electoral, en el que la debilidad y la pérdida de legitimidad del presidente y del gobernador de la entidad, pueden ser una bandera política, que critique y desacredite no sólo los resultados del gobierno sino que desbarranque las candidatura oficiales.
En el caso concreto de Chiapas resulta paradójico que el gobernador –que obtuvo un triunfo electoral con un millón 300 mil votos-, traiga en estos momentos una evaluación de 14.8 de su gobierno, en el que la desaprobación de la población es notoria.
En Chiapas el alejamiento con la ciudadanía resulta significativo, en el que se ejerció un estilo de gobierno sin rumbo y despilfarrador, que buscó controlar y favorecer el voto del hambre, en lugar de construir política y socialmente la gobernabilidad de Chiapas. En el inicio del quinto año de gobierno los datos dan evidencia de cómo Manuel Velasco desperdició el capital político que obtuvo en las votaciones del 2012.
