La violación de los derechos humanos en Chiapas

El día de ayer se presentaron tres sucesos que muestran que los derechos humanos no son tema de preocupación para el gobierno de Rutilio Escandón, que ha dejado de lado las preocupaciones del fortalecimiento de la vida democrática y del bienestar de la población. Estos sucesos son 1) la solicitud de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado mexicano a favor de indígenas de doce comunidades del municipio de Aldama que han estado siendo amenazadas por un grupo paramilitar del municipio de Chenalhó; 2) La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Chiapas por las condiciones deplorables en que se encuentra el penal femenil en Tapachula, que vulnera los derechos humanos de las mujeres que se encuentran en reinserción social; y 3) la omisión del Estado mexicano quien desde hace dos años en que la CIDH emitiera medidas cautelares a favor de pobladores del Ejido Zapata, en Tuxtla Gutiérrez,  para que se investiguen las causas que está motivando que pobladores de diferentes edades estén falleciendo por cáncer y a la fecha ha sido incumplida.

Cualquier autoridad mostraría preocupación porque organismos nacionales e internacionales les hicieran señalamientos de violación de derechos humanos a dependencias públicas. Aquí, de manera simultánea, le hacen al gobernador del Estado tres señalamientos y no hay nadie que le explique las repercusiones que pueden existir si en Aldama hay un nuevo ataque con pérdidas de vida o que llegue a fallecer por problemas sanitarios una reclusa en el penal femenil de Tapachula o que fallezca un enfermo de cáncer el Ejido Zapata, situación que provocaría el señalamiento en contra del gobernador por omisión o aquiescencia, en virtud de que él ya tiene perfecto conocimiento de la situación extrema en ambas circunstancias y no se tomaron medidas preventivas para evitar daños graves o irreparables en ninguna de las situaciones.

El gobierno de Rutilio Escandón ha sido partícipe de graves violaciones a derechos humanos, por mencionar un caso, la fabricación de un supuesto desmantelamiento de una banda de trata infantil en San Cristóbal, por parte de la fiscalía del Estado, que terminó siendo un fiasco, pero de manera directa provocó el fallecimiento por tortura de uno de los familiares, en el que no se ha realizado la debida investigación y la sanción de los responsables de esta fabricación de delitos y tampoco se ha reparado el daño ocasionado las víctimas. Lo que no se debe perder de vista es que las violaciones a derechos humanos son imprescriptibles y Rutilio Escandón y varios de sus funcionarios pueden ser sometidos a juicio cuando termine la administración, tal y como está sucediendo en el caso de Digna Ochoa, que después de 20 años en que se cometió su presunto asesinato, clasificado como suicidio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acordó reabrir las investigaciones y su debido esclarecimiento.

Hoy en día los derechos humanos son una preocupación que no debe pasarse por alto. Por eso en la Comisión de Derechos Humanos en Chiapas debiera de haber un presidente comprometido con la causa y que con sus acciones le redujera problemas al gobernador, pero Juan José Zepeda Bermúdez prefiere dedicarse a la intriga y al chisme y no puede ocultar que es un predador del presupuesto público, que en nada le ayuda al gobernador y que lo confunde y le llena la cabeza de intrigas palaciegas. Si el presidente de la comisión estatal de derechos humanos hiciera medianamente su trabajo, el gobierno de Chiapas no estaría siendo señalado por los organismos nacionales e internacionales defensores de derechos humanos.