Los resultados del proceso electoral del 2018, pueden llegar a definirse al margen de la población chiapaneca, debido a que los grupos de poder, con mucha anticipación, iniciaron la operación política que les permita obtener la victoria.
Al respecto, en esa disputa se encuentran cinco exgobernadores, que buscan restablecer el cacicazgo político, con la ayuda de la reforma electoral, que permite la reelección hasta por un período de 12 años, en los cargos de elección a las senadurías, en las presidencias municipales, en diputaciones locales y federales. De lograrse ese propósito, se estaría cancelando toda posibilidad de crear instituciones democráticas, como el único camino que existe para revertir la pobreza y la desigualdad, reducir los niveles de violencia y establecer políticas centradas en el respeto a los derechos humanos.
Para los cinco exgobernadores, Chiapas representa un botín y no la oportunidad de influir determinantemente para cambiar los rumbos de la historia del estado. Y ninguno de ellos está interesado en promover la participación ciudadana y mucho menos impulsar una política de revocación de mandato.
Roberto Albores Guillén, tiene puestos sus deseos en su hijo Roberto Albores Gleason; Eduardo Robledo Santiago, igualmente le apuesta a su cachorro, Zoé Robledo Aburto; Jorge de la Vega Domínguez, juega todas sus cartas con el senador Luis Armando Melgar Bravo, hijo de uno de sus grandes amigos y con quien existe una relación cariñosa en donde existe un trato de tío sin serlo; Juan Sabines Guerrero, trae una alianza con los Albores, pero mantiene una relación amistosa con los otros aspirantes, que fueron favorecidos ampliamente en su gobierno; Pablo Salazar, juega consigo mismo, pero está buscando reconstituir su grupo político, con quien se reúne y planea convertirse en un factor de poder en la entidad.
Frente al grupo de exgobernadores, Manuel Velasco también busca incidir en el proceso sucesorio y proyecta a personeros afines a su gobierno para copar las candidaturas de los partidos políticos. El principal problema al que se enfrenta es su pérdida de legitimidad debido a la ausencia de gobierno, situación que arrastra y desprestigia a su posible candidato, Eduardo Ramírez, que además se encuentra en medio de los intereses del grupo de exgobernadores, que tienen clara la jugada del gobernador y golpean con todo al posible delfin para desbarrancarlo.
Esta maniobra y cualquiera que sea el resultado, deja afuera el interés público de Chiapas, pero también deja claras evidencias que la lucha por el poder va a ser encarnizada y que nuevamente el proceso electoral va a agarrar desmovilizada a la ciudadanía y peor aún, sin candidato, que haga contrapeso a las perversidades políticas que se vienen gestando en torno del grupo de los exgobernadores y del gobierno actual.
El futuro de Chiapas es incierto no sólo económica sino políticamente. Sobre los chiapanecos existe una condena de 30 años de pago de una deuda inexplicable por sus resultados, que dejara el gobierno de Juan Sabines y que el actual gobierno la renegoció, a la que se le destina aproximadamente 4 millones de pesos diarios para su pago, situación que viene generando una mayor pobreza en la población y que disminuye considerablemente las posibilidades de salir del bache de la crisis permanente que vive la entidad.
Pero la crisis política que se viene es aún peor, pues con este escenario se cancela la posibilidad de la movilidad social y se estaría instituyendo un modelo político autoritario, con nula presencia de una oposición que traería una pérdida de libertades políticas.
