La incapacidad es del gobierno

Cuando los funcionarios, los políticos o los empresarios utilizan el lenguaje que convoca a la aplicación del Estado de derecho, lo que en realidad promueven es el uso de las fuerza policíaca y la represión a los grupos manifestantes. En este sentido hay una concepción muy pobre y equivocada de lo que significa el Estado de derecho, pues éste primeramente implica la obligación de todas las autoridades de gobierno a apegar sus decisiones en el marco de la ley y esto no sucede en Chiapas, debido a que hay un número de autoridades que se encuentran por encima de ley, entre ellos el gobernador del Estado, la fiscalía, la secretaría de seguridad y un grupo amplio de los cuerpos policiales que actúan al margen de la ley y que violentan reiteradamente el Estado de derecho.

En la secretaría de educación se viola el Estado de derecho, y lo hacen en múltiples ocasiones. Por ejemplo, construyeron una enorme barda de protección de las instalaciones de la subsecretaría federalizada y no hubo la licitación correspondiente, y al constructor al que le asignaron la obra, es un proveedor consentido en esa secretaría que se mueve en distintos ramos. Con esta acción se viola la ley y funcionarios de la secretaría de educación toman decisiones sin apegarse a la legalidad. Otro ejemplo son las desviaciones de recursos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación por cerca de dos mil millones de pesos correspondientes a la gestión del año 2019, y así se pueden seguir enumerando violaciones al Estado de derecho en el que se incurre en esa secretaría.

Por eso resulta inentendible que funcionarios de la secretaría de educación salgan a declarar el cumplimiento del Estado de derecho cuando ellos no lo hacen. Resulta una paradoja que un funcionario declare que cada estudiante de la escuela normal de Mactumatzá recibe apoyos por más de 70 mil pesos más la beca Benito Juárez, como si éstas fueran cantidades exorbitantes, pero ocultan los malos manejos de esa secretaría en miles de millones de pesos. ¿Qué significan esos apoyos frente a un presupuesto mal manejado de 27 mil millones de pesos que tiene la secretaría de educación en Chiapas? Que paradójicamente a prohijado a secretarios de educación y otro tipo de funcionarios que dejaron el cargo con una enorme riqueza mal habida y que gozan del manto de la impunidad.

Hablar de la aplicación del Estado de derecho por una agresión policíaca a estudiantes de la escuela Mactumatzá no solo es un absurdo sino una violación a los derechos humanos, por el uso excesivo de la fuerza policíaca, que desde el techo del palacio de gobierno hicieron disparos de gases lacrimógenos, en donde hubo población agredida sin que fueran parte del conflicto. Pero lo más grave de represión, es el fracaso de la vía política lo que obliga a la salida de funcionarios que ya demostraron con creces que no sirven para resolver los problemas.

Ridículamente salen a difundir los recursos que le proporcionan a la escuela normal y a sus estudiantes, con el propósito de desprestigiar a los normalistas, cuando en realidad debieran de ser despedidos inmediatamente, sobre todo,  porque aún y proporcionándoles recursos millonarios a la escuela normal demuestran una incapacidad para resolver las demandas estudiantiles, y tienen que recurrir al uso de la fuerza.

Ahora se financia una campaña de criminalización a los estudiantes de Mactumatzá y se les pone como vándalos, y hasta para eso hay una profunda ignorancia para caracterizar a esta organización estudiantil, quienes por décadas han demostrado que son antisistema, y el tipo de movilizaciones y enfrentamientos con el gobierno los reivindica, los hace asumir un discurso de confrontación.

Por eso en lugar de cuestionar a los jóvenes normalistas por mantener su radicalidad y sus actos de resistencia social, a quien hay que cuestionar es al gobierno, que no tiene la capacidad para resolver las demandas de estos grupos ni tiene la inteligencia para entender o neutralizar a los grupos antisistema.