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Insostenible la cabeza del gobernador

Editorial
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Un gobierno que no tiene la capacidad ni la voluntad para atender las demandas de 500 estudiantes y los termina reprimiendo, resulta a todas luces un gobierno inútil e incapaz para atender y resolver los problemas estructurales que Chiapas padece. Por eso el gobierno de Rutilio Escandón no funciona y se encuentra inmerso en un clima de violencia, en el que confluye la violencia de los grupos en rebeldía con la violencia policíaca, lo que dificulta la gobernabilidad del Estado.

En este momento se vive un linchamiento mediático en contra de los estudiantes de la escuela normal de Mactumatzá, financiado con recursos públicos que salen del palacio de gobierno, con el fin de llenar de epítetos y reclamos a los estudiantes normalistas y cubrir de aplausos al gobernador, por la decisión de aplicar un supuesto Estado de derecho, que no es tal, pues el Estado de derecho solo aplica en los gobiernos legítimos y la administración de Rutilio Escandón carece de legitimidad, a punto tal de que utiliza la violencia institucional  y no el arte de la política, para resolver los problemas en Chiapas.

Sobre el Estado de derecho hay una discusión falaz, cargada de mucha ignorancia, que confunde la represión policíaca con el Estado de derecho, en donde el principio para que éste exista, lo primero que debe de suceder es que todas las autoridades deben apegar sus actos en el marco de la ley, algo que no sucede en Chiapas y menos en las circunstancias en que sucedió la violencia en contra de los normalistas. Junto al discurso falso del Estado de derecho se incurre en otro equívoco, al exigir el derecho del libre tránsito, en el que se ignora que solo las personas son sujetos a la libertad de tránsito, no así  los vehículos.

Para que no quede duda de que la administración de Rutilio Escandón es lo más alejado a un Estado de derecho, es necesario recurrir a hechos que son  incontrovertibles. En los Altos de Chiapas, en lo que va la administración morenista, son miles de indígenas que han sido desplazados, con decenas de asesinatos, sin que a la fecha haya justicia y sin que se realice una investigación con la debida diligencia para castigar a los responsables. En estos sucesos lamentables el gobernador, y sus funcionarios, han sido permisivos con los grupos paramilitares y terminaron construyendo alianzas con ellos. ¿En dónde está el Estado de derecho?

Se exige malamente una libertad de tránsito y se pide la intervención policíaca por el cierre de casetas y accesos a la ciudad, pero se guarda un silencio ante el abuso de  autoridad de cerrar el libramiento sur para realizar una obra que no es prioritaria, que no fue sometida a consulta con la población, que terminó provocando la ruina de muchos negocios y despidos de trabajadores y que tiene en un caos el tránsito vehicular en Tuxtla. Pregunto ¿En dónde está el Estado de derecho?

La administración de Rutilio Escandón tiene un ejercicio presupuestal superior a los 220 mil millones de pesos, sin que se tenga conocimiento a dónde se canalizaron y donde hay denuncias sobre la mayoría de obras que no se licitan sino que se asignan directamente a un grupo de empresas beneficiarias, lo que provoca la opacidad en el manejo de los recursos y abiertamente la corrupción. ¿En dónde está el Estado de derecho?

En el desalojo de los estudiantes confluye la responsabilidad de varias secretarías, todas ellas dirigidas por personas carentes de ética profesional e involucradas en actos ilegales. La secretaría de educación envuelta en irregularidades en el ejercicio de cerca de 2 mil millones de pesos. La secretaría de gobernación, en donde su titular está señalada de que el congreso no tiene aprobada su  cuenta pública de su gestión cuando fue presidente municipal de San Cristóbal. La secretaría de seguridad Pública y la fiscalía del Estado, cargan con fuertes señalamientos de vínculos con la delincuencia organizada, en el que presuntamente reciben fuertes cantidades semanales por sus omisiones y aquiescencia. ¿En dónde está el Estado de derecho?

Lo real es que en Chiapas no hay gobierno y por lo mismo no existe el Estado de derecho. Lo grave de esta situación política es que los funcionarios desconocen la historia de las escuelas normales rurales en el país y por lo tanto ignoran los vínculos y alianzas con las organizaciones más radicales, específicamente en Chiapas, en la que una mala decisión, de un funcionario de cuarta, ordenó la represión, y con ello, entregó la bandera de lucha para la protesta social, a escasos días de las elecciones, lo que obligará a la liberación de todos los detenidos, en medio del ridículo gubernamental. Hasta para usar la fuerza pública se requiere de inteligencia, pero ya se sabe que no es posible pedirle peras al olmo.