Lo peor que le puede suceder a Chiapas, es que en el 2018, la gubernatura recaiga en el grupo de poder constituido por los exgobernadores, quienes no supieron gobernar la entidad y no se ven visos que sus posibles herederos sepan cómo hacerlo, en la condición crítica que vive el país y con la descomposición social que existe en Chiapas.
Jorge de la Vega Domínguez ganó la gubernatura en el año de 1976, pero a un año de su gobierno, abandona la entidad para ocupar la secretaría de industria y comercio en el gobierno de José López Portillo, provocando gobiernos de interinatos y con ello pérdida de legitimidad. En las entrañas de ese gobierno se gestó la movilización popular más importante de la entidad, que dos décadas después estallaría como la rebelión indígena zapatista.
La rebelión indígena zapatista de 1994, evidenció ante todo, el fracaso de la clase política chiapaneca que no tuvo la capacidad para ejercer gobiernos que respondieran socialmente a las necesidades de la población. Por ello, ese movimiento representó una oportunidad inmejorable para trasformar la forma de gobierno y la clase gobernante en la entidad; pero eso no le interesó al gobierno del presidente Ernesto Zedillo, quien primero destituyó al gobernador electo de Chiapas, Eduardo Robledo Rincón, que de manera pusilánime abandonó el Estado, pero años después, con motivo de la masacre de Acteal, el presidente impulsó a la gubernatura a Roberto Albores Guillén, quien resultó el más fiel entendedor de lo que fue la política de paramilitarización en las comunidades indígenas, lo que provocó la violencia y la división que a la fecha se continúa viviendo.
La política implementada por el gobierno de Albores fue de constante agresión a las comunidades zapatistas, quien dejó de lado el interés social de construir las condiciones para la firma de la paz. Incluso, el programa de remunicipalización impulsada por ese gobierno, tuvo la firme intensión de paramilitarizar la región y de agresión a los municipios autónomos zapatistas.
En el año 2000 los resultados de las elecciones en el país y en Chiapas condujo a la formación de gobiernos de alternancia. La presidencia de la república la ganó Vicente Fox y la gubernatura de Chiapas Pablo Salazar.
Pablo Salazar llegó a la gubernatura con el respaldo de todos los partidos opuestos al PRI y los grupos políticos, donde se incluye el del Obispo Samuel Ruíz y del EZLN. La responsabilidad de construir un gobierno diferente, que fortaleciera las instituciones y las prácticas democráticas, le correspondían al gobierno de Pablo Salazar, pero esa gestión fue un gobierno fallido, quien no supo entender esa responsabilidad histórica, y no fue capaz de formar una nueva generación de políticos, que abrazaran un proyecto de vida democrática. Y para desgracia de los males de Chiapas, no pudo construir un sucesor y dejó como su heredero a Juan Sabines Guerrero, considerado como el peor gobernante de la historia de Chiapas.
Después de 12 años de iniciado el movimiento zapatista, gracias a Pablo Salazar, la vieja y rancia clase gobernante recuperó el poder de la entidad, pero ahora a través de los retoños.
Con el gobierno de Juan Sabines Guerrero, se reposiciona la vieja clase gobernante que estaba cuestionada por el movimiento zapatista y se terminó consolidando con la presencia política de los hijos y nietos de los exgobernadores. Esto canceló la posibilidad de la transición democrática, pues se reconstituyó el antiguo régimen con todas las prácticas, vicios y corruptelas. De allí que no se haya podido construir una sociedad chiapaneca diferente y que ni siquiera se hayan roto los viejos lazos de dominación tradicional que existen en la entidad.
En el 2006, con el gobierno de Sabines, llegó una nueva generación de políticos, sin experiencia ni talento para gobernar, pero sí con el ansia de enriquecerse lo más rápido posible y muchos de ellos lo hicieron a través de negocios donde existió conflictos de interés y otros desviando en su provecho los recursos públicos.
El gobierno de Sabines representa la descomposición plena del ejercicio público, en donde la voluntad popular fue burlada y pisoteada, sobre todo en las votaciones intermedias en donde salomónicamente se le asignaron cuatro diputados federales, a cada uno de los tres partidos más importantes.
Con el ascenso de Manuel Velasco Coello al gobierno, se consolidó una nueva generación en la administración pública y en los cargos de elección popular, acordes con la edad del nuevo gobernador que apenas rebasaba los 30 años y eso generó el desplazamiento del grupo con mayor experiencia y conocimiento para gobernar en la entidad. Situación que ha generado un alto costo político pues existen dificultades de eficiencia y gobernabilidad en la entidad.
En la recta final de este gobierno, no se ven visos de un golpe de timón, que permita crear nuevas condiciones sociales en la entidad, a la vez de que se reduzcan los índices de pobreza y desigualdad social. De no impulsar el cambio que Chiapas necesita, está claro que la gubernatura recaerá en el grupo de exgobernadores, que mucho daño le hicieron ya a Chiapas y con ello, quedan canceladas todas las posibilidades de un futuro mejor.
