Se ha permitido la violencia

La violencia que se vive en los municipios de Carranza, Aldama, Chenalhó, Chilón y Tila, debiera de conducir al Estado a tomar decisiones para construir un proyecto de cultura de paz, con el fin de disminuir las acciones paramilitares, promover el desarme e iniciar el proceso de construcción de un nuevo rostro para Chiapas.

La cultura de paz debe de formar parte de una política pública del gobierno, que al mismo tiempo en que busque mejorar las condiciones de vida de la población, garantice el pleno goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las comunidades y las personas.

Resulta lamentable escuchar a los funcionarios de la secretaría de gobierno hablar de la necesidad de reconstruir el tejido social de las comunidades, sobre todo, porque no se menciona de cuál tejido social hacen referencia, si es el de los tiempos en donde el PRI gobernaba o al de los gobiernos de alternancia, sin embargo, cualquiera que éste sea, ninguno representa una opción válida para las comunidades en conflicto. De allí que lo más razonable es que los funcionarios se sitúen en la necesidad de construir nuevas opciones políticas y una de ellas es la cultura de paz.

Es obvio que el deterioro social en las comunidades no se va a corregir de la noche a la mañana, debido a que el establecimiento de un proyecto para la construcción de paz debe estar acordado con los miembros de la comunidad, en la que debe existir una aceptación y una voluntad libre de la población para abrazar la reconciliación, como un paso necesario para construir la paz en las comunidades.

En lugar de andar convocando al diálogo o promover eventos como la entrega de armas o la firma de pactos de no agresión, que no se cumplen, el gobierno, junto a un proyecto de cultura de paz, debe de implementar la construcción de un modelo de justicia transicional, en el que se investigue, se sancione a los responsables de la promoción de la violencia y se establezcan mecanismos de reparación integral del daño. Estas acciones serían un parteaguas con lo realizado por los gobiernos anteriores y permitiría poner punto final al consentimiento del gobierno a las actividades  paramilitares en las comunidades.

Hasta ahora el gobierno de Rutilio Escandón ha actuado de la misma forma que los gobiernos que lo precedieron: ha sido permisivo con la violencia en la región, los grupos paramilitares continúan actuando en total impunidad, no se investiga ni se sanciona a los promotores de la violencia, se ha tolerado que los grupos paramilitares impongan el terror en las comunidades, se ha sido omiso frente a las expulsiones o desplazamientos forzados y se establecieron alianzas con los grupos paramilitares para ganar elecciones.