Los problemas de la seguridad pública

La inseguridad es un problema serio en el país, pero fundamentalmente en la entidad. Recientemente se publicaron las estadísticas sobre la incidencia de delitos y Chiapas aparece entre las entidades con buenas calificaciones, que lo sitúa como un estado seguro. Sin embargo, la ola de asaltos, homicidios, ejecuciones, feminicidios, robos en casa-habitación, secuestros, asaltos a cuentahabientes, robo de autos y atropellos policíacos a la población están a la orden del día,  lo que evidencia que las estadísticas sobre la inseguridad no corresponden con la realidad.

Es recurrente que noticias de nota roja en Chiapas se difundan en los medios nacionales. Pero a su vez, es reincidente el comportamiento violatorio entre el personal de la fiscalía general del Estado y de la secretaría de seguridad  en contra de la población. Un ejemplo de esto son los retenes policíacos, inconstitucionales en todos los sentidos, que se han convertido en mecanismos de extorsión y de intimidación a la ciudadanía, que no resuelven los problemas de inseguridad ni de tráfico de armas, ni de drogas ni de personas ni de robos de autos.

A su vez, la fiscalía que actualmente tiene funcionarios en el primer nivel que no provienen de un ambiente policíaco sino judicial, continúa con las mismas prácticas de tortura y la fabricación de pruebas para inculpar a inocentes, como se hacía en el pasado, con directores en la corporación de la  policía judicial señalados por diversos delitos, en el que se envía la señal que nada ha cambiado y por lo tanto no es mucho lo que se puede esperar de esta dependencia en cuanto a la realización de investigaciones con la debida diligencia.

Con estas prácticas, es muy complejo que el gobierno de Rutilio Escandón pueda cumplir con los compromisos de combate a la impunidad y con las garantías de una impartición de justicia apegada a la ley, que representa el principio del Estado social de derecho. Pero con estas conductas de la fiscalía y de la secretaría de seguridad, tampoco se puede garantizar una seguridad a la ciudadanía con respeto a los derechos humanos.

La fiscalía y la secretaría de seguridad han guardado un silencio sospechoso sobre el asesinato del famoso Comandante Santos, sucedido días previos a la jornada electoral, quien fuera el brazo derecho de Jorge Luis Llaven Abarca, y cuya investigación, si se realizara con la debida diligencia, ocasionaría graves problemas al próximo diputado federal, por los presuntos vínculos que el comandante Santos mantenía con la delincuencia organizada y de la que seguramente el exfiscal tenía pleno conocimiento.

El reto del gobierno de Rutilio Escandón para garantizar seguridad con respeto a los derechos humanos sigue inalterado, y los cambios que realizó en la fiscalía no están dando los resultados que la población espera, en momentos de sí difíciles ocasionados por la crisis sanitaria.