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Wed, Sep
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Ya se sabía que en cualquier momento iba a suceder

Editorial
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En la editorial del 30 de junio del Diario Contrapoder en Chiapas, se escribió lo siguiente: “Se sabe que Chiapas es fundamentalmente una zona de paso para el narcotráfico, en el que se definieron varias rutas de trasiego bajo el control de los distintos cárteles. la ruta de la costa; la de la Sierra-La Concordia-Villaflores-Cintalapa; el paso de Comitán San Cristóbal; la de La Selva por Benemérito para salir a Tabasco. Esta situación de paso es lo que produjo que años atrás se construyera un acuerdo de no calentar la plaza y evitar una situación de violencia en donde todos los grupos perdieran.

Esta es la razón por la que en los últimos sexenios, aunque estuvieran gobernadores sin talento y sin trabajo político, en Chiapas no se vivieron situaciones como en otros Estado de la república con índices de violencia elevados, y que en Chiapas paradójicamente los gobernadores pudieran presumir de un Chiapas seguro, como se hace en la actualidad”. En seguida se afirmó: “el pacto entre los cárteles funcionó, pero este pacto, por la inoperancia en todos los sentidos de la fiscalía, parece entrar en una fase de ruptura, que se refleja en el número de ejecuciones y enfrentamientos.”

En efecto, lo que eran avisos previsible de que podía romperse el pacto de no agresión de los cárteles en la plaza de Chiapas no fue percibido por el conjunto de autoridades responsables de la seguridad en el Estado, y ayer la violencia les explotó en las manos cuando un grupo de sicarios emboscó en Tuxtla a cuatro escoltas que acompañaban al presunto hijo del “Tío Gil”, quien también falleció en el hospital al que fue llevado, aunque extraoficialmente se habla de un número mayor de ejecutados.

En Chiapas no existe una política de seguridad por más que el gobernador presume a diario los resultados de la mesa de seguridad. Y mucha de las fallas se encuentran en las propias dependencias de seguridad en la entidad, que se encuentran infiltradas por la delincuencia organizada y quienes reciben pagos de los grupos para brindar protección oficial. Los pagos se ha señalado lo reciben funcionarios de la secretaría de seguridad y de la fiscalía del Estado. Esto es un secreto a voces, como también lo es la ubicación de las principales cabezas que operan en todo el territorio.

Los vínculos oficiales con la delincuencia organizada se reflejó en el proceso electoral y así se señaló, pero nada de lo que sucede en Chiapas es del interés del gobernador, que vive en una burbuja y se encuentra ajeno a todo lo que sucede. Al respecto, se debió de haber investigado a Jorge Luis Llaven Abarca, no sólo en su desempeño como policía y después como fiscal general, sino como coordinador de campaña del partido verde, quien realizó actos anticipados de campaña en el desempeño de sus responsabilidades y después fue notorio el excesivo gasto de campaña que realizó, dinero que se asegura no eran recursos públicos lo que extrema la gravedad, debido a que entonces fueron recursos de lavado de dinero o aportaciones de la delincuencia organizada.

Después de la emboscada de ayer el gobernador ya no puede mostrar la cara de la indiferencia y pasar por alto las aportaciones que reciben sus funcionarios de las dependencias responsables de la seguridad, por parte de la delincuencia organizada, y tampoco se puede pasar por alto los múltiples deslices que tuviera Llaven Abarca como fiscal, que debe ser investigado, para que no quede ninguna duda de que el gobierno de la 4t es de manos limpias.