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Wed, Sep
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El gobernador y la secretaría de gobierno tenían pleno conocimiento

Editorial
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El conflicto de la narcoviolencia que se vive en Pantelhó, con miles de desplazados, es producto del fracaso de la política social de los últimos gobiernos en Los Altos, así como de la ausencia de gobierno largamente señalada, sin que haya existido una reacción para atender los conflictos de esta zona. El problema es que la presencia de la delincuencia organizada se extendió en varias comunidades indígenas y hoy se corre el riesgo de que se cumpla la profecía instaurada para contener al zapatismo en la región,  diseñada por el gobierno de Zedillo, de crear conflictos intercomunitarios para que se presenten enfrentamientos de indígenas contra indígenas. 

Durante este año hubo muchos acontecimientos que obligaban la intervención del gobierno pero éste se mantuvo omiso. Ejemplo de ello fueron los asesinatos previo a las elecciones, que obligaba a una intervención gubernamental, inclusive hubo solicitud de cancelación de las elecciones por la falta de seguridad, posteriormente el defensor de derechos humanos, Simón Pedro Pérez, lamentablemente asesinado, le hizo llegar una carta a la secretaria de gobierno, Cecilia Flores, en donde se denunciaba la existencia en Pantelhó de grupos civiles armados vinculados al narcotráfico, que influyeron para que bajo presión se votara por las autoridades hoy electas en el municipio.

Las reiteradas omisiones y aquiescencia de las autoridades locales hoy se buscan remediar enviando a la Guardia nacional y al Ejército a Pantelhó y Chenalhó, violando con ello la Ley de Concordia y Pacificación, que limita el ingreso de la tropa a la zona de conflicto, cuando resulta más que obvio que el nivel de impunidad en la siembra y trasiego de droga en ciertas comunidades indígenas, sólo puede realizarse con la complicidad y protección de autoridades y los cuerpos policiales, por ello el rechazo de la población y del reciente grupo de autodefensa, que se dio a conocer recientemente,  pues afirman que la policía estatal y la Guardia Nacional protege a los grupos vinculados con la narcoviolencia en la región.

No deja de sorprender la ingenuidad de la secretaria de seguridad quien afirma que con el ingreso de la Guardia Nacional a Los Altos se garantiza el orden y la seguridad, debido a que en el momento en que se retiren los cuerpos policiales, la guerra entre indígenas se va a recrudecer. Además, para que esa funcionaria afirme que se restableció el orden, debieron de ejecutar varias órdenes de aprehensión y el desarme de los grupos y hasta este momento no se sabe de ninguna detención y muchísimo menos de que se haya ejecutado el desarme. De allí que la exposición del operativo militar en la zona sea más un despliegue mediático que una acción eficaz para garantizar la paz y la prevalencia del derecho.

Se debe de realizar una investigación a fondo sobre el comportamiento y la actuación de las autoridades, sobre todo, porque al gobernador y luego a Ismael Brito, quien fungió como secretario de gobierno, sacerdotes de la Iglesia de San Cristóbal les hicieron de su conocimiento de los distintos problemas existentes en la región, aspecto que prueba que tenían pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo en las comunidades indígenas.

Los actos de omisión y aquiescencia son delitos y las autoridades responsables deben de ser sancionadas.