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Wed, Sep
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El uso político de la vacunación contra Covid 19

Editorial
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En Chiapas existe un claro y vulgar manejo político de la vacunación contra el Covid 19, en el que se está violando el derecho a la salud a miles de jóvenes que esperan ser vacunados, al poner en práctica fórmulas comerciales del dos por uno, que no resultaron funcionales y que además son discriminatorias, debido a que el Estado está obligado a tomar medidas preventivas y de protección ante amenazas serias al derecho de los individuos, y la pandemia del Covid representa la amenaza más seria a la salud de las personas, como para que se instrumentes medidas irresponsables con criterios de vacunación que ponen en riesgo grave a la población y que carecen de sustento en la ley y en la razón.

El derecho a la salud es un derecho universal, que no puede quedar sometido a caprichos y se debe de aplicar la vacuna, sin distinción alguna, a todas las personas que acudan a solicitarla en los centros de vacunación y la negativa de esta significa una falta a la debida diligencia para prevenir los contagios, en virtud de que el sector salud, y todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, conocen a la perfección los riesgos que se corren al contraer la enfermedad.

El establecer criterios de edad en la vacunación es en sí un acto discriminatorio, pero el banalizarlo al aplicar el criterio de llevar a dos personas mayores de 40 años para que un joven mayor de 18 años pueda recibir la vacuna, se violenta la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos como lo contempla el artículo 1º de la Constitución. Aquí nos encontramos en una situación en el que existe una discriminación al no respetarse y garantizarse el derecho a la vacunación que tienen todas las personas, pero a la vez, se está violando el derecho de la igual protección de la ley.

En las fechas anteriores de vacunación, era entendible pero no justificable, que se estableciera el criterio de la edad para ser vacunados, debido a la vulnerabilidad en la edad, en donde los adultos mayores eran los más susceptibles al contagio y también se reconocía que no había la existencia de las vacunas para todos. Pero esa excepción no existe en este momento en el que mediáticamente se presume el destino de 300 mil vacunas para Chiapas y éstas se están aplicando con criterios discriminantes, que resultan a todas luces violatorios al derecho a la salud.

Toda esta estrategia política y no de salud pública, se debe fundamentalmente para promocionar la imagen de Zoé Robledo en Chiapas en los lugares marginados en donde se alimenta el voto a través de la cultura de la dádiva. En este sentido, al establecer el criterio de vacunar a la población mayor de 18 años de las comunidades rurales, tiene la intención política de catapultar a Zoé Robledo como el próximo gobernador del Estado, a un costo criminal, pues se está jugando con los riesgos de la salud de miles de jóvenes en las ciudades.

Esta estrategia política es sumamente vulnerable, debido a que cualquier persona que acuda al centro de vacunación y no se le aplica la vacuna, por los criterios banales establecidos, puede acudir a la vía del amparo para que sean los jueces los que obliguen la aplicación de la vacuna como un derecho universal.