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Wed, Sep
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La apuesta al olvido

Editorial
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Una práctica recurrente de los políticos y el gobierno es la apuesta al olvido. Así sucede con la ilegal deuda pública que se presentó durante el gobierno de Juan Sabines y que hipotecó el futuro y la esperanza de más de dos millones de niños y jóvenes de Chiapas, en el que Zoé Robledo, hoy Director General del IMSS, jugó un papel crucial como diputado y presidente de esa legislatura, que le autorizó préstamos al por mayor al gobernante, sin que se cumplieran con los requisitos de ley establecidos en la Constitución para ese efecto.

De igual manera se apuesta al olvido los múltiple desmanes ocurridos en el gobierno de Manuel Velasco, desde el asesinato de defensores del territorio en Bachajón, asesinados en el 2014, sin que haya ningún avance en la investigación. Lo mismo sucede con el asesinato del activista Sínar Corzo, asesinado al inicio de este gobierno, sin que haya avances en las investigaciones. Ya no se diga de los feminicidios, que la fiscalía en el actual gobierno los convirtió en automático en suicidio, con el fin de cerrar el caso y cancelar la investigación, como sucede en los casos de Jade Guadalupe,  Guillermina y Mariana.

En los hechos reciente de la violencia en Chiapas, se apuesta al olvido la investigación de los señalamientos que se hicieron sobre los escoltas asesinados junto con el hijo del “Tío Gil” en el que se encontraban dos policías estatales, comisionados como guardia, violando las disposiciones del gobernador Rutilio Escandón, quien se desgañitó señalando que se acabaron los policías como escoltas a civiles y que inclusive señaló un ahorro millonario con esa disposición. En efecto, transcurrieron 10 días de esos sucesos, y la fiscalía guardó silencio y nada se sabe de la veracidad o no, de esos policías estatales comisionados como escoltas, que además perdieron la vida.

La fiscalía juega el malsano papel de apostar al olvido de múltiples masacres y asesinatos durante el actual gobierno. En octubre del 2019, en un enfrentamiento en Simojovel fueron abatidos miembros de la Guardia Nacional. En Pueblo Nuevo han sido recurrentes los asesinatos y la pugna entre bandos. En los enfrentamientos entre pobladores de Aldama y Chenalhó, se han suscitado múltiples asesinatos sin que se sanciones a los responsables. En Carranza han sido recurrentes los enfrentamientos y las emboscadas y no se han detenido a los responsables.

Líderes campesinos han sido asesinados y la fiscalía no ha realizado las investigaciones. En San Cristóbal han existido varios asesinatos en el que participan los denominados “Motonetos”, y esta banda criminal continúa cometiendo desmanes en total impunidad. En esta misma ciudad el exfiscal Jorge Luis Llaven Abarca inventa la detención de una banda de trata de menores, que terminó siendo una familia ampliada dedicada al comercio ambulante, a quien se le violaron derechos y cuatro de estas mujeres fueron recluidas con fabricación de pruebas y el esposo de una de ellas es asesinado con signos de tortura en el reclusorio en San Cristóbal y no hay investigación de esta violencia institucional ni existen detenidos y al fiscal se le premia con una diputación federal.  En Tapachula, recientemente fueron cometidos tres feminicidios y el presunto responsable, detenido por la fiscalía, inexplicablemente se terminó “suicidando”.

En Chiapas no se imparte justicia y los niveles de impunidad rayan en el 99%, pero el gobierno insiste es que somos el segundo Estado más seguro, pero paradójicamente el gobernador y el fiscal se mueven en la ciudad  con un operativo acompañados de varias camionetas suburban con escolta, que no se justifican si hay de verdad la seguridad que pregonan.