La responsabilidad es del Estado

Históricamente las comunidades indígenas en Chiapas han sufrido de despojos, engaños y saqueos; frente a esto, ahora las comunidades o sus pobladores responden haciendo justicia en propias manos, y esta práctica se justifica dentro de un discurso de usos y costumbres, que realidad no es tal, porque los usos y costumbres adquieren su validez cuando no se violan derechos humanos y la justicia en propia mano es violatoria de derechos.

Estas violaciones reproducen patrones de impunidad, en virtud de que el Estado de manera frecuente no investiga ni sanciona estas prácticas. Pero qué sucede cuando las comunidades o pobladores indígenas denuncian los despojos del que son objeto y la respuesta es desalentadora, de manera sistemática no se les proporciona justicia y pierden sus bienes sin poder acudir a nadie más que a la violencia, generando un círculo de violencia que termina provocando la reproducción de más violencia.

Esto es lo que se viene presentando en la Comunidad Nueva Palestina del municipio de Ocosingo, en donde tienen retenido a un defensor de derechos humanos no porque sea culpable de un fraude superior a los 800 mil pesos que les hicieron, sino porque éste defensor representa la letra de cambio con lo que esa comunidad lacandona pretende recuperar su dinero, y el gobierno no implemente una acción determinante para resolver esta situación.

La Comunidad Lacandona de Nueva Palestina exige justicia y el Estado está obligado a garantizar justicia. Pero a su vez, el defensor de derechos humanos también requiere de justicia y el gobierno está obligado a proteger y garantizar su seguridad y hasta este momento no lo viene haciendo. Finalmente, las dos partes exigen justicia pero ésta no se imparte y el gobierno, ante esta ineficacia, incurre en una responsabilidad internacional del Estado.

De manera equívoca las autoridades consideran que el problema de Nueva Palestina contra el defensor de derechos humanos es un pleito o disputa entre particulares y eso es un error, debido a que existe una retención -custodia dicen en la comunidad-, de un defensor de derechos humanos, que obliga a la intervención del Estado a la protección y garantía de la seguridad de ese defensor y más cuando está en riesgo o se vulnera la integridad personal y la propia vida del defensor.

Ya transcurrieron 11 días de este cautiverio y no se observan visos de que este problema se vaya a resolver, debido fundamentalmente a que las autoridades no perciben la magnitud del problema y porque no entienden que el Estadoo tiene la responsabilidad de impartir justicia, así como la de proteger a los defensores de derechos humano, y estas dos tareas no están siendo cumplidas en Chiapas.