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Siete años de la desaparición forzada de los estudiantes

Editorial
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El gobierno de Enrique Peña Nieto inició su descomposición y desprestigio internacional con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. La reacción de su gobierno fue tardía y luego se inventó el argumento de la verdad histórica, que resultó insostenible cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó con el Estado mexicano la integración del grupo de especialistas para que realizaran la investigación, cuyos primeros informes no fueron del agrado del gobierno, que inició una campaña de desprestigio en contra del grupo de especialistas, a punto tal que ese trabajo quedó inconcluso

Un compromiso del gobierno de López Obrador era la de responder a las justas demandas de los padres que reclaman verdad y justicia sobre el paradero de sus hijos. Pero después de tres años de este gobierno, no se han concretado ni la verdad ni la justicia y existe un alejamiento con el gobierno de AMLO no solo de los padres de los desaparecidos de Atotzinapa sino de un amplio grupo  de organizaciones que reclaman la verdad,  sobre las decenas de miles de desaparecidos que existen en el país.

La sospecha ha estado sobre un grupo de militares que participaron en la desaparición de los estudiantes y que protegían al grupo de la delincuencia organizada en Iguala, cuyo territorio fue identificado por la DEA como el Triángulo de la Amapola, que se utiliza como base para la producción de heroína. Por eso resulta inentendible la decisión presidencial de otorgar poderes plenipotenciarios a las fuerzas armadas, quienes a través del control de la Guardia Nacional, son los responsables de la seguridad pública en el país, quienes administran para esta tarea 120 mil millones de pesos, sin que hayan resultados, a punto tal que en los tres años de este gobierno se superó el número de homicidios y desapariciones forzadas, de los gobierno anteriores.

El caso de Ayotzinapa es una deuda pendiente del Estado mexicano, que lastima a la sociedad y desprestigia al gobierno, no solo de Peña Nieto sino de López Obrador, que evidencia que en México no se respetan ni garantizan los derechos humanos, y peor aún, que se difunda la sospecha de la desaparición de los estudiantes, debido a la participación y colaboración de los cuerpos policiales y militares, quienes constitucionalmente están obligados a proteger a la población y no lo hicieron con los jóvenes normalistas.

La investigación con la debida diligencia es una obligación del Estado, misma que no ha sido cumplida, situación que genera un desencuentro del gobierno de AMLO con los derechos humanos y que ocasiona la responsabilidad internacional del Estado. Son siete años de la desaparición de estos jóvenes, que pone en duda que el actual gobierno representa la esperanza.