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La procedencia de juicio político

Editorial
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La inoperancia política del gobierno de Rutilio Escandón terminó generando los conflictos postelectorales en Frontera Comalapa, Siltepec, Carranza, Altamirano, Pantelhó, Emiliano Zapata y en Parral. Conflictos que van a ir subiendo de tono si el Congreso Local no actúa de inmediato modificando la decisión inconstitucional de la Comisión Permanente de la Legislatura pasada, que designó seis concejos municipales para los tres años de gestión, sin tener atribuciones legales para nombrarlos y violando flagrantemente los derechos políticos de la población, de esos municipios.

Las consecuencias de esa mala decisión ya empiezan a sentirse con el incendio del consultorio médico del doctor, que fue nombrado como presidente del Concejo Municipal en Frontera Comalapa. Situación similar de malestar social se vive en Siltepec en donde grupos de la población tomaron las oficinas del palacio y desconocieron al Concejo Municipal nombrado por la Comisión permanente.

En el concierto de errores y omisiones, es necesario expresar que no aparece el periódico oficial, que debe de contener la publicación del acuerdo mediante el cual se designan a los concejales  de esos seis municipios. Lo usual en los gobiernos anteriores era esconder la publicación de los periódicos oficiales, con el fin de que se vencieran los términos para presentar los recursos de inconstitucionalidad; pero esta acción es un delito que estaría ameritando la intervención de la fiscalía general de la república, quien tiene entre sus obligaciones cuidar que no se aprueben disposiciones contrarias a lo que establece la Constitución, tal y como sucedió el jueves pasado y, en el caso de existir una ilegalidad, está obligada a presentar la controversia con la finalidad de garantizar el orden constitucional.

Rutilio Escandón, con la decisión de impedir elecciones en los municipios, se convierte automáticamente en el peor gobernador de la historia de Chiapas. Uno de los grandes compromisos que debía de asumir un gobierno que se autonombra con el mote de la transformación, era el fortalecimiento de la vida democrática, pero la decisión de nombrar concejos municipales por tres años no sólo se violan los derechos políticos de la ciudadanía sino que se vive un retroceso peor al de los gobiernos del PRI, que tanto lo critican pero lo imitan frecuentemente.

Aunque parezca una perogrullada, no puede existir un gobierno democrático si éste no es elegido  por la ciudadanía en elecciones libres. Pero a su vez, una de las características de la ciudadanía es el derecho de votar y ser votado y ambas condiciones fueron violadas  con la decisión de  cancelar las elecciones.

Esta mala decisión, sitúa a los diputados que aprobaron la designación de los concejos municipales en situación de ser sujetos a juicio político y el propio gobernador puede ser sancionado por los mismos motivos.