Los ilícitos y la inconstitucionalidad

Un principio del Estado de derecho establece que todos los actos cometidos de manera ilícita deben ser sancionados. En Chiapas es recurrente que el gobierno comete actos ilícitos y no se sancionan. El último de estos ilícitos es el affaire cometido por la Comisión Permanente de la legislatura pasada, en donde se aprobó la integración de seis concejos municipales, en igual número de municipios, por un período de tres años, decisión que contiene dos actos ilícitos: uno, la Comisión permanente del Congreso no tiene atribuciones legales para nombrar Concejos Municipales y dos, los Concejos no pueden integrarse por un período de tres años, pues eso viola los derechos políticos de la población en virtud de que tienen el derecho de votar y ser votados.

En este caso resulta notorio que la ilegalidad proviene de parte del gobierno de Rutilio Escandón, quien no quiere que se realicen elecciones extraordinarias, y en ese afán de imponer la voluntad, se integraron Concejos Municipales, mismos que no pueden constituirse en los municipios, porque su integración es ilegal, debido a que existen violaciones al debido proceso en la designación de estos concejos Municipales, al ser nombrados por un órgano que carece de atribuciones legales para emitir esos nombramientos y que nunca les tomó la protesta de ley correspondiente.

La situación en Chiapas no puede estar peor, pues resulta que la autoridad, quien está obligada por la ley para proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía, es la que viene promoviendo  la alteración del orden constitucional y la violación de los derechos políticos de la población de  esos municipios a quien se les impuso el concejo.

El gobernador Rutilio Escandón y los diputados que integraban la Comisión Permanente incurrieron en delitos y violaciones a derechos humanos, y bajo el principio de la seguridad jurídica deben de ser sancionados. Aquí no aplica el perdón con la restitución de derechos a la población y la celebración de elecciones extraordinarias, en virtud de que el delito por parte de las autoridades se cometió y debe de prevalecer la sanción. Pero a su vez, se está en una conducta ilícita por parte de los diputados que integran la actual legislatura, que teniendo conocimiento de la inconstitucionalidad cometida por los diputados de la Comisión Permanente de la anterior Legislatura, no han tomado la decisión correspondiente para dejar sin efecto esa decisión y proceder a nombrar a nuevos Concejos Municipales por un período determinado, que permita convocar a elecciones extraordinarias.

La situación creada por estos ilícitos está generando vacíos de poder en los seis municipios afectados, debido a que en estos momentos carecen de la autoridad municipal, por haber concluido el período por el que fueron electos y por no haber nombrado bajo el debido proceso a las autoridades que los sustituyan.