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El Estado es el responsable de los crímenes de periodistas

Editorial
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Lo que faltaba al ciclo de violencia en la inoperante administración de Rutilio Escandón era el asesinato de un periodista y anoche se presentó. En San Cristóbal fue arteramente asesinado Fredy López Arévalo, un rijoso e irreverente periodista, que no se detenía para hacer fuertes señalamientos a funcionarios y quien tenía una prosa fácil y entretenida que le daba mayor fuerza a su agudeza política.

Es muy complejo en este momento dilucidar el móvil del asesinato de Fredy López Arévalo, pero lo que no se puede desechar, es que alguien lo mandó a asesinar; para ese fin fue contratado un sicario adolescente, no mayor  de 17 años, como se pudo observar en las imágenes sustraídas de un vídeo en el lugar de los hechos en poder de la policía. No se puede especular sobre este terrible asesinato, pero es imposible dejar de reflexionar en la inseguridad que prevalece en San Cristóbal de Las Casas y en la ausencia de garantías al trabajo periodístico que hay en todo México y particularmente en Chiapas.

En reiteradas ocasiones se ha señalado que la Ciudad de San Cristóbal es presa de la delincuencia organizada. Son frecuentes las denuncias sobre la violencia que ejerce el grupo de los motonetos, sin que el Estado haya emprendido un operativo para investigar y castigar a este grupo delincuencial, así como a las autoridades que le han estado  brindando  protección e impunidad, debido a que es imposible el fortalecimiento de la delincuencia sin la protección y aquiescencia de las autoridades.

Como parte de la inseguridad que se vive en San Cristóbal, pero sobre todo a la reproducción de patrones de impunidad, ayer fue asesinado un periodista, como han sido asesinados cientos de personas durante este malogrado gobierno, que han quedado en la impunidad, en el que la fiscalía del Estado ni siquiera  realiza las investigaciones correspondientes, situación que genera que tampoco haya personas sancionados por estos hechos delictivos.

El trabajo periodístico no se está respetando en este gobierno y eso provoca que los periodistas tampoco reciban protección ni se garantice este trabajo. Al respecto es importante señalar que el responsable de respetar, proteger y garantizar la libertad de expresión y la libertad de prensa es el Estado, pero esta función no se viene proporcionando con la eficacia debida, por lo tanto el Estado el responsable de este crimen.

Es importante aclarar que aquí no se presupone y mucho menos se afirma que el gobierno sea el que contrató al sicario. No, la responsabilidad no es por acción sino por omisión, porque no ha creado los mecanismos adecuados de protección del periodista. Esta falta de prevención la pagó  con su vida Fredy López Arévalo y lo deseable es que fuera el último periodista acribillado, pero este deseo es un imposible, mientras no exista el castigo de los crímenes a periodistas, mientras no se reduzca los índices de impunidad y mientras no se implementen los mecanismos de protección.