Fantasioso el gobierno en Chiapas

Los conflictos en Aldama, Chenalhó, Oxchuc, Pantelhó, Tila, Carranza y Frontera Comalapa, desmienten las cifras alegres que sobre la seguridad pública en Chiapas, anuncia con recurrencia el gobierno. La violencia o el cierre de carreteras en estos lugares son asuntos cotidianos. Lo grave de esta situación, es que la fiscalía no realiza las investigaciones con la debida diligencia y los responsables de esta violencia no son castigados y los crímenes que se cometen quedan en la impunidad.

La intensidad con que se presentan los enfrentamientos evidencia el nivel de descomposición del gobierno pero también de las redes de convivencia comunitaria. Ayer en Carranza hubo un nuevo enfrentamiento con un  muerto y heridos sin que eso obligue al Estado a implementar un programa preventivo de protección a la población. ¿Cómo se pueden garantizar los derechos y libertades de la población si el Estado no cumple con la función primordial de procurar seguridad?

Ya se ha repetido en otras ocasiones que el nivel de descomposición social y de violencia en estos momentos es superior a las condiciones que prevalecían en el período previo al levantamiento zapatista. Pero eso no parece preocupar a ningún funcionario y menos a aquellos que han hecho de la administración pública un botín y están más interesados en la rapiña presupuestal que en atender las demandas de la población.

El gobierno de la 4t en la entidad está muy alejado de los principios que enarbola el presidente de no mentir, no robar y no traicionar. Aquí, en Chiapas, se miente, se roba y se traiciona. Lo delicado de las mentiras oficiales, es que se anuncia un Chiapas seguro, cuando algunas carreteras no son recomendables para transitar después de las 18 horas, situación que afecta considerablemente a las actividades productivas, principalmente al turismo.

Para hoy está anunciado un cierre de carretera en Oxchuc, sin que el gobierno establezca una mesa de atención a los problemas generados por la falta de acuerdos comunitarios, para llevar a cabo la elección de autoridades municipales por usos y costumbres. En el municipio de Aldama, la violencia provocada por los grupos paramilitares ocasionó un desplazamiento de 3 mil pobladores de varios parajes. Esto a pesar de que existen acuerdos de paz firmados por las autoridades municipales, lo que denota lo inútil de ese esfuerzo. Aquí lo que se requiere urgentemente es la implementación de un programa de justicia transicional que garanticen verdad y justicia, en donde la fiscalía investigue todas las acciones paramilitares y se sancionen no solo a los responsables directos sino también a las autoridades que permitieron este estado de cosas.