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La ausencia de gobierno

Editorial
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En el momento de mayor abandono por la inoperancia y la ineficacia política, la administración de Rutilio Escandón vive una descomposición social que pone en riesgo la seguridad de la población. Los sucesos de violencia, las violaciones de derechos humanos y las ejecuciones a plena luz del día evidencian la necesidad de cambios profundos en el gobierno.  Esta descomposición social se demuestra con el anuncio que realizara el exfiscal Jorge Luis Llaven Abarca cuando inventó que había desmantelado en SCLC una banda de trata infantil, que luego se comprobó que era una familia ampliada de vendedores indígenas a quienes encarceló a cuatro mujeres y al esposo de una de ellas fue asesinado por tortura dentro del penal de San Cristóbal. O con la ejecución del hijo del “Tío GIL” identificado como capo de la delincuencia organizada, en el que también fueron asesinados dos policías estatales que servían de guarda espalda, ante un silencio ominoso de la fiscalía del Estado y del propio gobernador. O el asesinato del fiscal indígena en SCLC, en el que se anuncia que detuvieron al autor intelectual, pero con una narrativa muy poco creíble, que más bien parece otra fabricación más de delitos. O el asesinato del periodista Fredy López Arévalo, en el que también las autoridades guardan un silencio sospechoso. O los enfrentamientos recurrentes entre grupos delincuenciales en Frontera Comalapa por el control de la plaza.

Bajo este clima de ausencia de gobierno y en algunas regiones de ausencia del Estado, se viven situaciones de pérdida de territorio por una sentencia de mala fe del Supremo Tribunal de Justicia, que no tuvo la defensa adecuada por las autoridades de Chiapas. O la desacertada decisión instruida por el gobernador Rutilio Escandón de crear sin fundamento legal seis Concejos Municipales con un tiempo de duración de tres años de gestión, con el solo propósito de que no se realicen elecciones extraordinarias; decisión que ya fue anulada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

Cuando se llega a pensar que las cosas no podían estar peor en Chiapas, la realidad nos da crueles enseñanzas, que nos lleva a la conclusión que lo peor está por venir, en virtud de la indiferencia y abandono en el ejercicio de gobierno por las autoridades del Estado, que todavía manifiestan que las cosas van muy bien.

Si alguna vez se pensó que el cinismo gubernamental en los tiempos del PRI no podía superarse, el gobierno de Morena en Chiapas nos muestra la cara verdadera de un gobierno de cínicos. A tal punto de que el secretario de hacienda publicitó la creación de la unidad de investigación financiera en la entidad, cuando en realidad, quienes realizan el manejo del dinero de procedencia ilícita  son los propios funcionarios del gobierno encabezados por el propio gobernador y secundados por el Javier Jiménez, el flamante secretario de hacienda, un nuevo millonario chiapaneco. Como también lo es Julio Rincón, el responsable de comunicación social, Jorge Luis Llaven abarca, diputado federal. Ismael Brito Mazariegos, diputado federal o la secretaria de agricultura en la entidad, que conduce esa secretaría bajo el estigma del escándalo.