El gobierno de la indiferencia

Las visitas realizadas por el Presidente de la República a Chiapas no se han reflejado en beneficios sociales concretos para la población. Por el contrario, los proyectos que promueve el gobierno federal pueden conducir a un mayor deterioro ambiental en el territorio e incrementar la resistencia de las comunidades indígenas, debido a que esos proyectos económicos que se presume van a beneficiar a Chiapas, como son la construcción del Tren Maya y sembrando futuro, no son la solución a los graves problemas que padece la entidad y que, durante el actual gobierno en nada se ha invertido para disminuir las carencias estructurales que se tiene.

En Chiapas, el compromiso político más significativo que pudo haber realizado el presidente López Obrador en la entidad, es el reinicio de los diálogos por la paz con el EZLN, lo que pondría un alto a la paramilitarización que se vive en el territorio de conflicto, desde el año de 1995 y que fue fomentado y financiado desde el gobierno federal; con ello disminuirían muchos de los conflictos y la violencia armada que se vive en muchas comunidades y entre las organizaciones campesinas.

De facto, existen 30 Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ), que vienen funcionando desde diciembre de 1994, que sobre la base de los hechos se sustrajeron del Estado-Nación y delimitaron el espacio autonómico del territorio. Esta es una realidad que no se debe continuar ignorando, lo que obligaría a redefinir nuevas condiciones políticas en la entidad, que pondrían en la mesa de negociación el reconocimiento de estos municipios.

Los conflictos en Chiapas están latentes en gran parte del territorio. Hoy día, se viven problemas de gobernabilidad en los municipios de Venustiano Carranza, La Concordia, Altamirano, Bochil, Ixtapa, Simojovel, El Bosque,  Pueblo Nuevo, Chilón, Ocosingo, Tila, Pantelhó, Chenalhó, Aldama, la región de los Chimalapas y San Cristóbal de las Casas, en donde los gobiernos municipales se encuentran fuertemente impugnados y rebasados y donde la delincuencia organizada tiene una fuerte presencia.

El actual gobierno local, no ha sabido responder ni económica ni políticamente a los  problemas de la entidad. Los proyectos de desarrollo que se están impulsando por el gobierno federal, tienen un futuro incierto por la resistencia social que se viene gestando y porque se incumplió con las disposiciones convencionales para realizar la consulta previa, informada y de buena fe a las comunidades indígenas.

En Chiapas se produjo una perversión de lo político, pues los funcionarios lo relacionan con los procesos electorales y a ello se han dedicado desde el primer día de gobierno: a ganar las elecciones del 2024. Pero nunca han entendido que lo político es todo el sistema en torno del ejercicio del poder y de la construcción de gobernabilidad democrática.

Esto ha generado una ausencia del quehacer político, que está produciendo un vacío de gobierno en la sociedad, que se está ocupando con la movilización y la protesta social, que tiene en jaque a varias presidencias municipales.

Si en realidad, en este gobierno se busca ofertar nuevas condiciones de esperanza de un futuro mejor, entonces es urgente abandonar la indiferencia para cambiar los rumbos de la historia y enviar señales que generan certezas y no el caos que se percibe. Para ello el gobernador debe tomar la decisión de realizar los cambios en el gabinete, porque sus amigos no le respondieron y nunca desarrollaron ideas para construir gobierno.