La crisis que se vive en Chiapas

A 7 días de cumplir el tercer año de gobierno, el gobernador Rutilio Escandón está obligado a realizar una evaluación del desempeño de todos sus colaboradores y a partir del resultado tomar la decisión de realizar los cambios y ajustes de su gabinete, que le permita preparar una salida decorosa de la gubernatura.

El perfil que tienen la mayoría de sus colaboradores no cumple con las exigencias que representa gobernar a Chiapas. En muchos de ellos, no hay correspondencia entre la experiencia y trayectoria que tienen  con las funciones y atribuciones de la dependencia. Otros demostraron una incompetencia en el desempeño de las responsabilidades asignadas. La mayoría demostró soberbia e inmadurez política, lo que les impide identificar la importancia de la responsabilidad encargada y hay quienes se perdieron en los encantos del presupuesto, metieron las manos y perdieron la posibilidad de servir al bien común que representa Chiapas.

El parámetro para evaluar el desempeño de los funcionarios, bien podría ser el “Principio de Peter” –donde se establece la relación que existe entre el desempeño adecuado en un puesto con el nivel de incompetencia-, debido a que muchos de los colaboradores del gobernador han mostrado notoriamente su nivel de incompetencia en las responsabilidades que les fueron asignadas. Esto sin duda, representa un lastre para el proyecto de Rutilio Escandón, que difícilmente podrá cambiar el rostro de Chiapas con el equipo de trabajo que lo acompaña y ya transcurrió la mitad de su período de gobierno.

Chiapas se encuentra en estos momentos en peores condiciones sociales a las existentes en el levantamiento del EZLN en el año de 1994. En los últimos 20 años, Chiapas recibió un presupuesto multimillonario, pero ha carecido de proyectos de gobierno, que permitieran cambiar los rumbos de la historia de pobreza y de abandono social en la entidad. Chiapas está siendo mal gobernada, y no de ahora sino de los tres últimos sexenios, en donde la pobreza creció, a pesar de que los informes indican que hubo un ejercicio presupuestal de un billón 250 mil millones de pesos.

La crisis actual en Chiapas es severa: el 75% de la población vive en pobreza y pobreza extrema; tiene el primer lugar en el país de muerte materno infantil; la economía de la entidad es la que menos crecimiento ha tenido de las entidades del país, hay una deuda pública que obliga a realizar un pago de seis millones de pesos diarios, situación que tiene hipotecado el futuro de la entidad; hay un mal manejo de la crisis sanitaria provocada por el Covid 19, en donde ha prevalecido la mentira oficial y la demagogia de los funcionarios que juegan con la vida de la población; hay una ineficaz distribución del presupuesto, en donde no se destinan los recursos necesarios a la secretaría de agricultura ni a la de turismo, para que se apoyen a las dos principales actividades económicas del Estado.

Las condiciones sociales de la entidad se han agudizado, lo que tiene encendió los focos de alerta del sistema de seguridad nacional, por el pésimo manejo a la crisis migratoria que se vive en los municipios fronterizos, por la disputa del territorio en los límites de Chiapas y Oaxaca, pero sobre todo,  por la fuerte y belicosa presencia de la delincuencia organizada, lo que provoca que Chiapas represente uno de los riesgos mayores para la seguridad del país.